En una carta enviada a los Comités de Cuenca Río Sonora, la Cofepris reveló que, en los muestreos realizados en marzo pasado, 98 por ciento de los 59 pozos y domicilios particulares estudiados rebasa los límites de arsénico y 35 por ciento excede los de plomo, según la Norma Oficial Mexicana (NOM-127-SSA1-1994, modif. 2000).

Mientras, en el examen de julio pasado se reveló que, de 69 muestras entre pozos y domicilios particulares, incluyendo dos en Hermosillo, tienen 89 por ciento de arsénico y 57 de plomo; es decir, que la contaminación ha ido en aumento.

Esto, señalaron pobladores afectados, se debe a la imparable producción del consorcio minero de Germán Larrea Mota que el 6 de agosto de 2104 derramó 40 millones de litros de tóxicos y a la fecha la remediación y los estudios clínicos de la población siguen pendientes, dejando sin agua potable y poniendo en riesgo la principal actividad económica: la fabricación y venta de productos regionales.

José Manuel López, habitante de San José de Baviácora, reclamó que pese a lo alarmante de las cifras y tras la visita de las autoridades de la Cofepris, la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las de los siete municipios, siguen sin dar solución inmediata a esta emergencia sanitaria. Mientras hacen planes, nuevos muestreos y se lavan las manos entre instituciones, se nos va la vida. El gobierno nos está dejando morir envenenados, expuso a La Jornada.

José Alonso Novelo Baeza, titular de Cofepris, detalló en su documento que las autoridades municipales y de la Conagua fueron notificadas del riesgo en el que se encuentra la población, incluso los comités de Cuenca enviaron una carta al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, donde explican la problemática que merma la salud de sus pobladores.

“De acuerdo con las Guías de calidad del agua de la Organización Mundial de la Salud, la exposición a algunos agentes patógenos y elementos químicos a través del uso y consumo de agua de consumo humano puede producir enfermedades graves, por lo cual la presencia de contaminantes y su uso y consumo humano en concentraciones mayores a los límites máximos permisibles representan un riesgo para la salud de la población”, mencionó Novelo Baeza en su misiva.

Conagua niega la existencia de metales pesados

Pese a que la Federación asegura que la Conagua fue notificada para llevar a cabo acciones necesarias e inmediatas, el Organismo de Cuenca Noroeste de la misma Conagua afirmó que tiene otros datos, los cuales dijo, podrían cambiar por la metodología y los laboratorios que utiliza la Cofepris, los cuales, señaló, no son certificados. Incluso aseguró que está dispuesta a comparar los resultados con estudios clínicos de calidad del agua.

Homey Bon Santoyo, subdirector técnico de la Conagua Noroeste, aseguró que la dependencia a su cargo ha realizado muestreos frecuentes en 31 pozos y 33 puntos de aguas superficiales; refutó que el último se realizó la semana pasada y dijo que los niveles de metales pesados se encuentran dentro de los márgenes establecidos por la NOM.

Recibimos esa misma información por parte de la Coesprisson, y nosotros les respondimos a ellos que nos dieran las coordenadas de las fuentes donde monitorear para cotejarlas con nuestros datos, pero a diferencia de estas dependencias, la Conagua atiende estos casos en laboratorios certificados por la Sociedad Mexicana de Acreditación, afirmó el funcionario.

El 18 de diciembre del año pasado, por primera y única ocasión,una comitiva de funcionarios federales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se reunió con alrededor de doscientos afectados de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo en el teatro Jesús Choby Ochoa, en la localidad de Ures, para llevar a cabo una reunión informativa en la que se notificó la existencia de metales pesados y la pronta reparación del daño.

A través de los Comités de Cuenca del Río Sonora los habitantes comenzaron una lucha legal que hoy incluye 14 juicios abiertos contra la compañía del segundo hombre más rico de México, Germán Larrea Mota, a quien demandaron por ecocidio y violación a los derechos humanos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano.