La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados anunció que el 2 de diciembre prevé aprobar un dictamen de una ley reglamentaria del artículo 4o de la Constitución en materia de derecho humano al agua, por lo que la Ley de Aguas Nacionales continuará en vigor, ante la falta de consenso para avalar una ley general de aguas.

Luego de que no se logró un acuerdo para un proyecto de dictamen sobre las cuatro iniciativas -una de éstas, ciudadana- de una ley general, la comisión optó por solo cumplir con la obligación de regular el redicho humano al agua.

Además, en el proyecto circulado hoy a los legisladores integrantes de la comisión, se reconoce que si bien las cuatro propuestas buscaban dar un giro en materia desvía, la aplicación de una ley general habría costado más de 200 millones de pesos, “lo cual dadas las condiciones económicas del país sería totalmente inviable e irresponsable”.

Con la ley reglamentaria se pretende solo garantizar el derecho a agua suficiente para las necesidades básicas de la población, explicó el presidente de la comisión, Feliciano Flores Anguiano (Morena).

En el proyecto se plantea que las grandes obras de infraestructura deban ser aceptadas por las comunidades, previa consulta informada.

También se define el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de acceder de forma colectiva, irrenunciable e inherente a la propiedad, uso, goce y conservación de las aguas en los territorios o lugares que habitan y ocupan, así como a administrarlas y distribuirlas según sus propias formas de gobierno y sus sistemas normativos internos, priorizando la distribución suficiente y equitativa para toda su población.

Además acota que “las aguas de los territorios indígenas no podrán ser objeto de apropiaciones privadas o concesiones sin su consentimiento previo, libre e informado”.

El documento prevé que sean los estados los que definan las tarifas por el consumo de agua y el cálculo propuesto por la comisión es que no exceda 3 por ciento del gasto familiar.

Legisladores del PRI y del PAN señalaron, en conferencia de prensa conjunta con Flores Anguiano que, al menos, la cámara pueda cumplir con la obligación del Estado mexicano de reglamentar el derecho humano al agua.

En contraste, el diputado Antonio Ortega (PRD) consideró que se trata de un proyecto que no define cómo se garantizará en los hechos el derecho humano al agua y al saneamiento. “El problema es cómo se articula”, indicó.