Juchitán, Oax. Ocupar un cargo público, ser alcaldesa, regidora o funcionaria de gobierno estatal y federal significa un reto para toda mujer, pero permanecer y cumplir esa función es un desafío para todas ellas porque la violencia política contra las mujeres en razón de género es algo que no termina.

En la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las funcionarias María Cruz Vásquez, Nallely Ortiz Jiménez y Magalí Martínez narran cómo han vivido violencia política, discriminación y criminalización, y aunque no buscan superioridad, su sueño es conformar “una sociedad en igualdad de derechos y oportunidades”.

Romper con el patriarcado, la misoginia y el machismo es la constante para las oaxaqueñas, a esto se suman los feminicidios y los homicidios dolosos que engrosan las estadísticas policiales y que se incrementan todos los días.

La propia Secretaría de la Mujer Oaxaqueña afirma que la violencia política contra las féminas en razón de género va en aumento y seguramente por el aislamiento social ante la pandemia del Covid-19 es posible que exista un subregistro de casos.

En mayo de este año los diputados locales oaxaqueños avalaron las reformas y adiciones al artículo 114 Bis de la Constitución Política del Estado y al artículo 9 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, con lo que quedó establecido como causal para decretar la nulidad de una elección cuando se acredite violencia política en razón de género y el candidato que cometió el acto resulta ganador.

María Cruz Vásquez contó y recordó la experiencia que vivió en 2017 cuando ocupó el cargo político de síndica municipal en Juchitán, Oaxaca. Exigir transparencia y rendición de cuentas fue motivo para que ejercieran ese tipo de agresiones en su contra.

Maestra de profesión con una vocación de servicio y con trayectoria en la justicia social, María Cruz, de 58 años de edad, sólo pidió “los informes de hacienda”, sólo eso, no quería saber más, sino conocer qué pasaba al interior del ayuntamiento que gobernó también una mujer, la coceista Gloria Sánchez.

Informarse sobre los estados financieros del municipio, que también le corresponden por su cargo, le costó a María Cruz vivir 18 meses violencia política. No la invitaban a las sesiones de cabildo, no le entregaron los reportes y sufrió criminalización y discriminación, denunció ante el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (Teeo) y lo único que logró fue una “recomendación” de esa institución que finalmente no sirvió de nada, pues los ataques continuaron hasta que concluyó el periodo de gobierno en 2018.

Esas historias de violencia política están registradas en estadísticas. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Ddhpo) al igual que el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca reveló que desde 2018 a la fecha este fenómeno social es alto, mientras que activistas y defensoras auguran que crecerá para el próximo proceso electoral.

De 2018 a noviembre de 2020, la Ddhpo tiene registradas 75 indagatorias respecto a los casos de violencia política los cuales reflejan un crecimiento: en 2018 fueron 17 quejas y 9 cuadernos de investigación; en 2019, 24 y 2 y en lo que va de 2020 suman 9 y 14, respectivamente.

Este órgano señaló que las autoridades más denunciadas son las municipales y los principales motivos de quejas son la “obstaculización para ejercer el cargo, el derecho de participación política, discriminación y omisión de las autoridades para prestar auxilio en casos de violencia contra las mujeres”.

Al respecto, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca reveló que en 2018 fueron 38 las féminas víctimas de violencia política; el año pasado se contabilizaron 40 casos y en lo que va de 2020 se han presentado 61 denuncias, las cuales han sido violentadas políticamente.

Nallely Ortiz Jiménez, de 38 años de edad, es regidora de Equidad de Género y Grupos Vulnerables en el municipio de Santa Lucía del Camino y a pesar de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó al alcalde Dante Montaño Montero al inhabilitarlo para sus funciones públicas en el próximo proceso electoral, eso no impide la mala vivencia que ha tenido.

La joven política contendió con una planilla que no ganó, pero fue elegida para ser regidora, cargo que inició con muchas ganas, pero que se fue desmoronando tras vivir una serie de acciones misóginas y discriminatorias. Hoy en día ella sigue en su puesto y desde ese espacio pide a las mujeres no dejarse vencer y defender su posición que de manera honesta lograron.

Además del alcalde Dante Montaño, en Oaxaca son seis los ediles que perdieron la presunción de mantener un modo honesto de vivir, cinco varones y una mujer, lo que los volvió inelegibles para un cargo de elección popular.

Magali Martínez recientemente ocupó el cargo de presidenta del consejo municipal de San Dionisio del Mar, es la primera vez que un partido de izquierda, en este caso Morena, tiene una alcaldía.

La llegada de Magali es para ella un logro personal y como mujer no ha sido nada sencillo. Esposa y madre de dos hijas lucha todos los días contra el machismo que todavía se vive en su comunidad y a la que por fortuna también reconoce hay hombres aliados con sus proyectos de trabajo.

“Dejen pasar, dejen ganar y dejen trabajar”: activistas y defensoras

La violencia política es otro gran fenómeno que se ha dejado a un lado, coinciden activistas y defensoras oaxaqueñas.

Aseguran que cuando una mujer llega a ocupar un puesto político “se le mide con la vara más alta, como si fuera un objeto que no puede tener errores” y, en caso de cometerlos, será juzgada y es justo con ese precepto donde se inicia la violencia política por razón de género.

“Dejen pasar, dejen ganar y dejen trabajar”, coincide Diana Luz Vásquez (consultora y activista), Yesica Sánchez (Consorcio Oaxaca) y RitaBell López Vences (Centro Oaxaqueño para la igualdad)”, tres oaxaqueñas que defienden los derechos de las mujeres y estudian este fenómeno que crece.

Coincidieron que las mujeres como los hombres tienen todo el derecho de ocupar cargos públicos, pero desafortunadamente se vuelve una violencia recurrente verlas triunfar cuando no debería ocurrir así, al contrario, esa lógica misógina y patriarcal es la que está presente en todo momento.

Las mujeres que buscan una posición política también se enfrentan al desprestigio y criminalización, por lo que ellas sugieren castigos severos, claro, el de inhabilitarlos y tal vez el destituirlos son sanciones ejemplares, pero aseguraron que “hace falta más” porque desafortunadamente con el poder que tienen es que las violentan.

Reconocieron que las redes de apoyo y acompañamiento son un gran aliciente para la mujer que vive violencia política, pero no es suficiente porque se vislumbra un escenario violento en Oaxaca para las próximas elecciones, a lo que esperan se cumpla con la iniciativa de 3 de 3, la cual busca que no haya ningún agresor, acosador ni deudor de pensión alimenticia entre los funcionarios.

El Teeo informó que de enero de 2019 al 17 septiembre de 2020 se integraron a dicho organismo 61 medios de impugnación por violencia política en razón de género: 41 corresponde a juicios de protección de derechos político electorales de la ciudadanía; 17 son juicios de protección de derechos político electorales de la ciudadanía en el régimen de Sistemas Normativos Indígenas y tres procedimientos sancionadores.