La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó al Congreso capitalino una iniciativa de Ley para la protección, atención y asistencia a las víctimas de los delitos en materia de trata de personas donde se establece los lineamientos para el diseño de un programa de atención integral que incluya a las víctimas indirectas, así como a  testigos y sus familias.

La elaboración del programa estará a cargo de una Comisión Interinstitucional contra los Delitos en Materia de Trata de Personas que será presidido por la persona titular de la jefatura de Gobierno y tendrá además entre sus funciones establecer los mecanismos de coordinación, evaluar las políticas y programas, proponer la adopción de medidas legislativas y administrativas, promover convenios y mecanismos de colaboración con la federación, estados, municipios, instituciones privadas y organizaciones.

Para instrumentar las acciones previstas en la norma, la ley se apoya en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ciudad de México –instituido en la Ley de Víctimas– que se integrará con recursos fiscales, fondos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales relacionados con delitos de trata y fueron motivo de extinción de dominio, donaciones, entre otros.

Entre la medidas de atención, asistencia y protección la propuesta señala que “se brindarán oportunidades de salida dignas para las víctimas de explotación, especialmente de explotación sexual, que considerarán: vivienda, educación, empleo, servicios de salud, bolsa de trabajo y entrenamiento vocacional, para víctimas y sus hijas e hijos, acceso a créditos y facilidades para emprender, conforme al Modelo de Atención a Víctimas de Trata, previsto en la Ley” e inclusive programas especiales para cambio de identidad y ubicación de un nuevo lugar de residencia.

Dichas medidas estarán orientadas a la recuperación física, psicológica y social de las víctimas.

El modelo de atención considera también medidas precautorias para garantizar ayuda inmediata, protección física y medidas humanitarias que faciliten  la unificación familiar y prevé medidas de protección frente a posibles represalias, intimidaciones, agresiones o venganzas de los responsables del delito o de quienes estén ligados con ellos, no sólo para las víctimas, sino sus familiares, testigos, así como a organizaciones de la sociedad civil que les brinden apoyos.