Ciudad de México. Organizaciones civiles nacionales e internacionales urgieron a las autoridades mexicanas a garantizar el derecho a la protesta social y al ejercicio periodístico en el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre.
En un posicionamiento conjunto, aseguraron que en diversas zonas del país hay un “recrudecimiento de la violencia policial” en las manifestaciones feministas, pues se han reportado al menos 10 eventos contra movilizaciones durante este año.
Los centros Miguel Agustín Pro Juárez y por la Justicia y el Derecho Internacional; Front Line Defenders, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México señalaron que las restricciones han incluido encapsulamientos, amenazas e intimidación, agresiones contra la prensa, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, violencia sexual, criminalización de activistas y manifestantes, difamaciones, incitación a la violencia y expresiones de odio en redes sociales en contra de feministas y manifestantes, entre otras.
“La mayoría de las movilizaciones se han dado precisamente por la exigencia de una libre de violencias para las mujeres. Particularmente, ante el grave contexto de impunidad y el incremento en el número de feminicidios a nivel nacional, que amenazan con superar cifras históricas en 2020”, enfatizaron.
Recordaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han emitido una serie de pronunciamientos públicos condenando el uso excesivo de la fuerza en algunas de estas manifestaciones, en particular en los casos de Guanajuato, estado de México y Quintana Roo.
“Recordamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado la responsabilidad internacional de México por el uso excesivo de la fuerza en el marco de la protesta social, con el uso de la tortura sexual contra mujeres como elemento de control social y represión y le ordenó medidas de reparación para evitar que estos hechos se repitan”.
Ante todo ello, urgieron al Estado mexicano a cumplir con sus obligaciones internacionales en relación a la adopción de mecanismos de supervisión independientes sobre la actuación de fuerzas de seguridad en el marco de la protesta social, en tanto garantía de no repetición ante las múltiples violaciones denunciadas durante 2020 contra la libre manifestación.
Además, llamaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a las 32 fiscalías estatales y a los cuerpos de seguridad a estatal y municipal, a garantizar una operación apegada a estándares internacionales durante las manifestaciones que tengan lugar este miércoles 25 de noviembre y a prevenir e investigar agresiones contra defensoras en redes sociales y los llamados a la violencia contra la movilización feminista.
Anunciaron que realizarán un monitoreo conjunto sobre el desarrollo de las protestas conmemorativa del 25 de noviembre.
