En México hay cerca de 26 millones de mujeres sin ingreso propio, lo que contribuye a la vulnerabilidad a la violencia en su contra, señaló María Ayala, responsable de investigación y datos de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, quien indicó que sólo cuatro de cada 10 mujeres tienen acceso al mercado de trabajo en el país.
Al presentar un reporte especial En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, con información sobre las barreras que las excluyen del mundo laboral y también sobre las condiciones precarias para aquellas que sí logran trabajar, dijo que sólo el 6 por ciento que trabajan ganan más de 12 mil pesos mensuales, mientras que 7 de cada 10 no pueden comprar lo básico con su ingreso producto de su trabajo. Los estados donde hay más mujeres sin ingreso laboral suficiente para mantener a una familia son Chiapas, Puebla, Guerrero, Morelos y Oaxaca.
Pero no sólo eso, casi 17 millones de mujeres no pueden trabajar por asumir un rol de género impuesto histórica y socialmente. Se trata, en su mayoría, de menores de 45 años que han cursado al menos la secundaria o la educación media superior. La participación de ellas mujeres en el mercado laboral es de apenas 43 por ciento, frente a los hombres con 74. “El desempleo afecta más a las mujeres (17.5) que a los hombres (8.5 por ciento). Los estados con menor participación laboral de mujeres son: Chiapas, Veracruz, Zacatecas, Tabasco, y Querétaro.
Condiciones de precariedad
Asimismo, el informe muestra que la asignación social del cuidado del hogar y la familia ha condenado a la mujer a ser dependiente por no tener ingresos y quedarse en el hogar a ejecutar tareas domésticas, cuidar niños, enfermos, personas con discapacidad o adultos mayores; labores que no son remuneradas ni socialmente reconocidas. “Además de la exclusión del mercado laboral, detalla, las mujeres que sí logran emplearse, en su mayoría, lo hacen en condiciones de precariedad; con bajos salarios, sin seguridad social ni contrato estable, en horarios rígidos, y sin defensa ni representación sindical.
“Sin considerar la doble jornada que realizan, en promedio, las mujeres deberían trabajar años de 13.5 meses para ganar igual que los hombres y años de 14 meses para cubrir el costo de la canasta básica para dos personas, ellas y una más. La alarmante situación de las mujeres en el mercado laboral, víctimas de la violencia que caracteriza esta época, se ha agravado con la presencia de la pandemia por Covid-19”.
Frente a la pobreza propone un modelo de igualdad sustantiva que posibilite nuevas relaciones sociales, económicas y políticas, y que contribuya a una economía incluyente, con menor pobreza y desigualdad, partiendo desde el mundo del trabajo. La propuesta incluye el diseño de un sistema nacional de cuidados que propicie que las mujeres ejerzan sus derechos, dispongan de su tiempo y avancen al logro de conseguir su autonomía económica.
