Ciudad de México. Existen numerosos ejemplos que demuestran cómo los centros de rehabilitación irregulares son espacios donde muchas personas se exponen sufrir diversas agresiones y en los cuales tendrían que realizarse diligencias de búsqueda de desaparecidos.

Un botón de muestra es la historia de Juan Carlos “N”, originario de Celaya, Guanajuato, quien permaneció durante once años en un centro de rehabilitación ubicado en Mazatlán, Sinaloa, donde en algún momento llegó a pedir comida y se quedó hasta que fue identificado en septiembre de 2009, luego de recibir tratamiento médico que lo ayudó a recordar su identidad.

De forma similar, en abril de este año la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas del estado de Jalisco reportó que, al realizar un operativo en un “anexo” ubicado en el municipio de Poncitlán, logró ubicar a una mujer de 35 años y a un hombre de 23, los cuales estaban reportados como desaparecidos desde junio y septiembre de 2019, respectivamente.

También en Jalisco, el pasado mes de marzo, colectivos de familiares de personas desaparecidas lograron encontrar con vida en un centro de salud mental del municipio de Tlajomulco de Zúñiga a un joven identificado como “Adolfo”, originario de Veracruz, quien logró reunirse con su familia luego de pasar dos años y medio en calidad de ausente.

Otras víctimas no fueron tan afortunadas. Ángela Saucedo Elizondo, una joven de apenas 15 años, murió en febrero de este año luego de que los dueños de un centro de rehabilitación ubicado en Santa Catarina, Nuevo León, abusaran sexualmente de ella y le administraran medicamentos no indicados por un especialista.

La propia sede de varios “anexos” también ha sido blanco de desapariciones y ejecuciones masivas. En diciembre de 2019, un grupo de hombres armados ingresó a un centro de recuperación en Irapuato, Guanajuato, y privó de la libertad a 23 personas que se encontraban ahí, de las cuales 10 permanecen desaparecidas.

También en Irapuato, el 1 de julio de 2020, un grupo armado ingresó a un centro de rehabilitación que trabajaba de forma clandestina y asesinó a 28 de los hombres internos en el lugar, en lo que significó el cuarto ataque del mismo tipo desde finales del año anterior. Episodios similares habían ocurrido en los municipios de Silao, León, Romita y Abasolo.

Autoridades, obligadas a buscar centros de rehabilitación

Para Valentina Peralta, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, los “anexos” irregulares no sólo son sitios en donde los dueños lucran con los pacientes sin tener ningún método de desintoxicación, sino que muchos de ellos participan de forma deliberada en la comisión de delitos graves, entre ellos la tortura, la desaparición, el ocultamiento de delincuentes, la trata de personas y el reclutamiento forzoso para grupos criminales.

“Muchas familias meten ahí a sus seres queridos con la idea de que están haciendo lo mejor por ellos para ‘enderezarlos’, pero no saben que estos centros no tienen un control real de las autoridades y por eso salen como hongos en época de lluvias. Son como el triángulo de las Bermudas: cualquiera puede desaparecer y eso sucede sin que las autoridades hagan algo.

“Son lugares cerrados, de ingreso y salida no voluntarias, como una especie de prisión clandestina donde se genera una autoridad y una estructura de poder paralelas, donde las personas sin víctimas de múltiples vejaciones, agresiones sexuales, golpes, baños de agua fría, trabajos forzados y privación de alimentos y de agua”, alerta.

Ante dicho panorama, afirmó la activista, es necesario que las autoridades comiencen a aplicar ya el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas (PHB) –aprobado en agosto de este año--, pues en la mencionada herramienta legal se contempla la obligatoriedad de que las autoridades supervisen todos los espacios en donde una persona pueda estar confinada.

El PHB, recordó, establece cinco estrategias de búsqueda que deben ponerse en marcha para dar con las personas desaparecidas, entre ellas la “generalizada”, es decir, la que se realiza no para buscar a una persona en particular, sino que se hace en espacios donde puede haber muchas otras víctimas, como lugares de explotación sexual, cárceles, hospitales y clínicas de rehabilitación, además de fosas clandestinas.

“La búsqueda generalizada es parte del derecho y la responsabilidad de las autoridades y justifica la visita intempestiva a estos lugares, acompañados de la fuerza pública y de fiscalías especializadas en investigación de desapariciones, porque sólo así los dueños (de los “anexos”) se darían cuenta de que no tienen campo libre para apoderarse de la vida de otras personas”, enfatizó.