Ciudad de México. No debe haber espacios ni en el gobierno ni en el sector privado para acosadores, por lo que la Secretaría de la Función Pública (SFP) trabaja para combatir el acoso ni el hostigamiento sexual en la administración pública federal, aseveró la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
Al inaigurar un foro virtual "Diálogos sobre corrupción y violencia de género", que se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora este 25 de noviembre, aseveró que la corrupción afecta a todas las personas, pero tiene mayor impacto en las mujeres que en muchas ocasiones se ven obligadas a pagar sobornos, incluidas prácticas sexuales, por servicios de salud y educación pública.
Cuando el sexo es la moneda del soborno, enfatizó, existe un sesgo de género, originado por una relación de poder, asimétrica y violenta, que sucede también en los casos de acoso sexual y hostigamiento sexual.
Agregó que la dependencia a su cargo ha establecido diferentes protocolos para combatir esa problemática y sancionar a quienes incurren en ella.
Recordó que según estudios de la Organización Mundial de la Salud, hasta 70 por ciento de las mujeres en México ha sufrido violencia física o sexual, y más de 20 por ciento sufre o sufrió discriminación laboral, incluso en el gobierno. Por lo que la actual administración trabaja para transformar esa situación de manera radical.
En su turno, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís, subrayó que lo más importante es que las procuradurías hagan un compromiso para mejorar las investigaciones y la capacitación de su personal, para la atención de estos casos estos casos sea más eficiente y con perspectiva de género.
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, afirmó que la corrupción es una de las principales causas de impunidad en la violencia contra ese sector, sobre todo en ámbitos como el de la participación política, los presupuestos diferenciados y la procuración e impartición de justicia.
