Nueva York. Ante un coro cada vez más amplio de ejecutivos empresariales, legisladores y ex altos funcionarios republicanos presionado por reconocer que el demócrata Joe Biden ganó la elección, el gobierno de Donald Trump está cediendo el paso para permitir la transición política a pesar de que el presidente aún rehúsa reconocer su derrota.
La agencia federal supuestamente independiente conocida como la Administración General de Servicios (GSA), encabezada por Emily Murphy colocada ahí por Trump, finalmente declaró que Biden es el “ganador aparente” de la elección -paso que había rehusado hacer hasta ahora- con lo cual se inicia el proceso formal de transición presidencial.
Trump, poco después, tuiteó que “en el mejor interés de nuestro País” estaba recomendando que Murphy -quien dijo que había aguantado el hostigamiento y amenazas por su lealtad- procediera con lo necesario para la transición y que “le he dicho lo mismo a mi equipo”. Sin embargo, insistió en que “nuestro caso continúa firmemente, mantendremos la buena lucha y yo creo que prevaleceremos”.
Así, casi a tres semanas de la elección, el presidente electo podrá iniciar el proceso de transición a la Casa Blanca. Con la decisión de la GSA Biden y su equipo finalmente tendrán acceso a fondos federales para la transición, establecer comunicaciones para ese efecto con al agencias del gobierno, y empezar a recibir sesiones informativas incluyendo el manejo de la pandemia y de inteligencia y seguridad nacional.
El equipo de transición de Biden dio la bienvenida al anuncio, declarando que los oficiales del equipo de Biden iniciarán reuniones con oficiales federales “para discutir la respuesta a la pandemia, hacer la contabilidad de nuestros intereses de seguridad nacional” y obtener información necesaria para el traslado del control de la burocracia federal.
Los esfuerzos de Trump para descarrilar el proceso continuaron fracasando hoy, con el estado de Michigan certificando los resultados que favorecen a Biden este lunes a pesar de una extraordinaria intervención personal del presidente para buscar frenar ese paso. El sábado, un juez federal descartó una demanda legal de la campaña de Trump para evitar la certificación del voto favoreciendo a Biden en Pensilvania, algo que se espera en las próximas horas. La certificación del voto en ambos estados sella la derrota de Trump, aunque su campaña sigue contemplando otras maniobras para descalificar ese resultado.
La creciente presión para iniciar la transición, empezando con la decisión de la GSA, se intensificó hoy cuando más de 160 líderes empresariales exigieron que Murphy reconociera a Biden como presidente electo en una carta abierta, donde advirtieron que no compartir recursos e información vital “con un gobierno entrante pone en riesgo la salud pública y económica y la seguridad de Estados Unidos”.
Al mismo tiempo, durante los últimos días un número creciente de legisladores federales republicanos empezó a romper con el presidente sobre del asunto, y hoy se sumaron algunos de los más influyentes. El senador veterano Lamar Alexander declaró este lunes que Trump “debería de poner al país primero” y permitir el inicio de la transición presidencial, advirtiendo que “cuando uno está en la vida pública, la gente se recuerda de lo último que hiciste”.
Otros senadores como Rob Portman, igual que Alexander alineado con Trump durante mucho tiempo, expresaron que era hora de proceder con la transición.
A la vez, más de 100 ex funcionaros republicanos de seguridad nacional e inteligencia -incluyendo figuras como el ex secretario de de Seguridad Interna Tom Ridge, el ex director de Inteligencia Nacional John Negroponte y el ex jefe de la CIA Michael Hayden- firmaron una declaración denunciando que la negativa de Trump a aceptar su derrota y permitir una transición pacífica y ordenada constituye “una amenaza seria” al proceso democrático y que era tiempo de que el liderazgo republicano exija al presidente públicamente que ponga fin a “su asalto antidemocrático sobre la integridad de la elección presidencial”.
Trump y sus equipo continúan insistiendo en que hubo un fraude masivo y otras irregularidades electorales y que sólo están “defendiendo la integridad” del proceso democrático con sus quejas y demandas legales. Casi todas las más de 30 demandas legales han sido rechazadas por jueces por falta de evidencia.
