Nueva York. El intento sin precedente en la historia de Estados Unidos de Donald Trump de subvertir el resultado de la elección nacional, una injerencia presidencial asombrosa en el proceso democrático, sigue nutriendo el debate nacional sobre si lo que se está atestiguando es un tipo de golpe de Estado o una maniobra engañosa para consolidar su poder nacional una vez fuera de la Casa Blanca.

Trump ha hablado directamente con funcionarios y legisladores estatales republicanos para presionarlos a resistir certificar los resultados en sus respectivos estados (la mayoría de los cuales lo harán entre ahora y fin de la semana) o hasta contemplar algo tan extremo como anular el resultado oficial en varios territorios donde ganó el demócrata Joe Biden y así ignorar la voluntad popular e instalar a electores que votarán por Trump en el Colegio Electoral cuando sesione el 14 de diciembre.

Batallas en tribunales

A la vez, su campaña continúa con la batalla y ha presentado, hasta la fecha, 33 demandas legales en varios estados, 31 de las cuales han sido descartadas por los jueces por falta de evidencia. El sábado, un juez federal en Pensilvania descartó un proceso legal del equipo de Trump para anular boletas, es el fracaso mayor en estos esfuerzos.

La estrategia no es necesariamente ganar estas demandas sino descarrilar el proceso de conteo y certificación de voto, fase actual del proceso electoral que culminará en la mayoría de los estados claves a finales de esta semana (todos deben ser concluidos para el 8 de diciembre).

De ahí, la próxima fecha clave es el 14 de diciembre, cuando sesione el Colegio Electoral y culmina el 6 de enero, cuando el voto del Colegio Electoral es contabilizado por el Congreso federal. Se espera que Trump podría buscar cómo entorpecer o manipular cada uno de estos procesos. Lo único que supuestamente no está sujeto a cambio, bajo la Constitución, es que a las 12 horas del 20 de enero concluye el periodo del actual presidente y vicepresidente.

Los republicanos, cuya cúpula hasta ahora se ha mantenido fiel al presidente, se han encontrado desde la elección entre respetar la supuestamente sagrada voluntad del pueblo expresada en las urnas o complacer al líder de su partido.

Trump ha mostrado durante más de cuatro años que está dispuesto a atacar a todo republicano que no se subordine o muestre suficiente lealtad, incluyendo despedir a una creciente lista de integrantes de su propio gabinete y otros altos funcionarios. La semana pasada corrió, por Twitter, a Chris Krebs, encargado de la agencia de seguridad cibernética del Departamento de Seguridad Interna, por declarar que el proceso electoral había sido seguro y que las quejas de fraude carecían de sustancia, o sea, contradiciendo al jefe.

Pero cada día aparecen más grietas en el dique republicano. Aunque el liderazgo se mantiene leal por ahora, varios legisladores federales, los senadores Mitt Romney, Marco Rubio y Pat Toomey y la influyente diputada Liz Cheney, junto con cada vez más legisladores estatales, se han atrevido a expresar lo obvio: que el presidente fue derrotado por Biden.

Dos ex integrantes del gobierno de Trump, John Bolton y HR McMaster, criticaron este domingo que su ex jefe estaba dañando a su país al rehusar reconocer los resultados. Y un firme aliado del mandatario, Chris Christie, ex gobernador republicano, comentó que era hora para que el presidente reconociera su derrota y que el equipo legal encargado de revertir la elección es una vergüenza nacional.

Amenazas de muerte

Más aun, algunos de los funcionarios estatales republicanos encargados del proceso electoral han mostrado mayor valentía e integridad que sus contrapartes federales al proceder con contabilizar y certificar el voto a pesar de que muchos no sólo han sido presionados directamente por el magnate y sus representantes, sino incluso han recibido amenazas de muerte en estados como Georgia, Arizona, Nevada, Michigan y Pensilvania.

Georgia, bajo la mano del secretario de estado republicano Brad Raffensperger, certificó su voto otorgando el triunfo a Biden. En Michigan, los líderes republicanos del congreso estatal rehusaron someterse a las ordenes del presidente e indicaron que respetarán los resultados una vez certificados. Algunos esperan que cuando Pensilvania y Michigan certifiquen sus resultados electorales a partir de este lunes, eso pondrá fin a cualquier expectativa de Trump para revertir la elección en tribunales, aunque aún puede apelar.

Casi todos descartan que Trump logre revertir los resultados de la elección, pero críticos señalan que está haciendo enorme daño a lo que supuestamente es el fundamento de una democracia –el proceso electoral– al crear cada vez más desconfianza entre el público. Encuestas registran que la abrumadora mayoría de votantes pro Trump creen que hubo un gran fraude, a pesar de que no se ha presentado evidencia y que jueces, expertos y hasta varios republicanos han repetidamente reprobado la afirmación.

Algunos dicen que el efecto del asalto antidemocrático de Trump es fomentar una desestabilización política prolongada del país, donde calificaría de ilegitimo al próximo gobierno y todas sus decisiones.

Por un lado, estas maniobras han continuado nutriendo el debate sobre si esto es una intentona de golpe de Estado, o lo que sería un autogolpe, ya que sería interrumpir el proceso democrático con una maniobra extralegal para tomar el poder pero desde el poder. No hay día que esto no se comente en todos los principales medios y foros del país desde aun antes de la elección, cuando Trump advirtió que no necesariamente reconocería los resultados ni garantizaría una transición pacífica del poder.

Otros argumentan que esto es una maniobra de Trump para consolidar su dominio sobre el Partido Republicano de aquí en adelante, sobre todo usando el poder de los casi 74 millones de votos –unos 10 millones más que en 2016– que ganó este año, ya que según fuentes cercanas al presidente han comentado que sabe que su esfuerzo para revertir la elección no prosperará, y que ya se está preparando para anunciar que será candidato presidencial en 2024. Pero críticos señalan que ante la ausencia de pruebas, la falta de un repudio de las maniobras de Trump por parte de la cúpula republicana para defender el proceso democrático es un delito aún más grave. Robert Reich, intelectual y ex secretario de Trabajo, afirmó de ellos que su cobardía es una de las mayores traiciones de la confianza publica en la historia de nuestra república.

Este domingo el gobernador republicano de Maryland, Larry Hogan, dijo que estaba avergonzado ante la falta de sus partidarios de expresarse contra las maniobras de Trump y lamentó en entrevista en CNN que antes Estados Unidos supervisaba elecciones en otros países pero que ahora empezamos a vernos como una república bananera.