Zacatecas, Zac. Este mes cumplen doce años de lucha social y de resistencia jurídica los habitantes de la comunidad de Salaverna, municipio de Mazapil, contra la mina Tayahua-Guerrero, filial de Grupo Frisco, cuyo dueño, el magnate Carlos Slim Helú, cambiará su forma de explotación, de subterránea a cielo abierto, logrando desaparecer, literalmente, a este pueblo que está encima de un rico yacimiento de cobre.

En todos estos años, con la presión de la minera –en contubernio con las autoridades municipal y estatal-, muchas familias optaron por abandonar Salaverna, cuyas casas fueron demolidas inmediatamente. La iglesia del lugar, la escuela primaria y un kínder, también fueron reducidos a escombros por personal de la compañía.

A muchos habitantes –unas 40 familias de la pequeña comunidad-, les ofrecieron dejar sus casas y mudarse a una vivienda (prestada mediante contrato de comodato)-, a cinco kilómetros del lugar: Nuevo Salaverna, una colonia tipo Infonavit, construida por la minera, pero ya sin tierras para sembrar ni para tener sus animales.

Sin embargo, estoicamente, otros habitantes, encabezados por su delegado municipal Roberto de la Rosa (quien recuperó de entre los escombros de la escuela del lugar, una bandera nacional hecha girones, y varios libros, entre ellos uno de Historia de México), se resisten a que su pueblo desaparezca, y han mantenido una lucha social, sin precedentes en la historia moderna de Zacatecas.

Minera Tayahua – Guerrero no ha podido derrotarlos en los tribunales, porque los habitantes de Salaverna, demostraron ser los posesionarios legales, de sus casas y parcelas, en una zona decretada como “reserva nacional”, por el gobierno federal, aunque Carlos Slim Helú y sus abogados, aseguran que la concesión minera concedida inicialmente para una mina subterránea, ahora abarca los derechos de ocupación en toda la zona.

Ante el fracaso por desalojar “legalmente” de sus casas y tierras a los habitantes rebeldes de Salaverna, la minera emprendió, como denunciaron los afectados incluso ante la Secretaría de la Defensa Nacional en el año 2017, una “campaña terrorista” contra ese pueblo, pues comenzaron a realizarse fuertes detonaciones de dinamita, a poca profundidad, que cimbraban la tierra y fracturaron casas y caminos.

Así obligaron a huir del sitio a otras 30 familias, además de que, en una acción “paralela”, personal de Protección Civil y Policías Preventivos del Gobierno de Zacatecas, emprendieron una campaña, casa por casa, conminando a los lugareños a salir del sitio “por su propio bien”, ya que se les aseguró, había graves riesgos de hundimientos, “por una falla geológica que cruza por el lugar”. Pero, refutaron los inconformes, cómo es que en el subsuelo de Salaverna, más de 500 mineros de Grupo Frisco, seguían explotando y extrayendo cobre, como lo hacen hasta la actualidad.

Hoy quedan en el sitio, en pie, apenas nueve humildes viviendas con sus familias, que se enfrentan a la minera en una lucha que parece perdida, porque la minera ha seguido realizando obras de infraestructura –preparatorias para abrir la mina a cielo abierto-, mientras los tres niveles de gobierno, hacen mutis.

Sobre la gran expectativa que se generó entre los habitantes de Salaverna, hace dos años, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país, para que él “detuviera” la apertura de la mina a cielo abierto -que está autorizada por la Semarnat desde el año 2013-, a un lado de su milpa de maíz, Roberto de la Rosa recordó al mandatario mexicano que “la agricultura debe ser reconocida como actividad esencial, por encima de la minería, que es depredadora y nociva con la naturaleza, mientras que el alimento, todos lo necesitamos”.

En entrevista con La Jornada, recuerda cómo él y su hijo Cuauhtémoc de la Rosa (que años atrás fue empleado de la mina pero al igual que otros trabajadores, lo despidieron por no abandonar su casa de Salaverna), fueron denunciados ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, por Grupo Frisco, que los acusa de “despojo y lo que resulte”.

“Mi muchacho y yo tenemos carpetas de investigación -en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas-, porque hemos defendido, no hemos atacado, la invasión de nuestras tierras con las obras mineras que traen ellos, consistentes en la construcción de cercos perimetrales, sistemas de ventilación industrial y la detonación a poca profundidad de cargas de dinamita, lo que ha provocado que hundimientos graves y el agrietamiento de casas y el suelo mismo de Salaverna”.

Lo más importante, destaca el delegado municipal: “nosotros nunca fuimos consultados, como comunidad, para ver si estábamos de acuerdo o no con las obras mineras, y que se hiciera la mina a cielo abierto. Eso está en la constitución, y Carlos Slim lo violó, la consulta libre e informada, porque sabían que no íbamos a aceptar”.

Por su parte su hijo Cuauhtémoc de la Rosa –quien se tuvo que divorciar a raíz del conflicto, pues su esposa sí quería irse a vivir a las casas nuevas tipo Infonavit-, narra que desde que lo despidieron de la mina, donde yo era soldador y mecánico, hace cinco años “y duramos tiempo sin hallar trabajo en ningún lado”.

En la mina de Carlos Slim Helú “no me dijeron nada, nada más ya no me dejaron entrar a la mina. No me indemnizaron, nada de eso”. Además narra Cuauhtémoc: “nosotros no queremos cambiarnos al Nuevo Salaverna, porque salirnos de ahí de Salaverna, perdemos la posesión de las tierras”.

¿Qué le diría usted al presidente López Obrador, sobre su situación, en este conflicto con la minera? Sereno el campesino que ahora se dedica exclusivamente a cuidar su rebaño de chivas, responde tranquilo: “Que se fije el gobierno federal cuando suelta las concesiones mineras, porque los afectados somos nosotros, y la economía, pues que se eche la vuelta aquí a Salaverna, para que vea donde está la economía y supuestos beneficios para la comunidad”.