Ciudad de México. El dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, consideró que es importante la decisión de que en la nueva ley para regular el outsouricing, se incluya a los servidores púbicos, ya que esa práctica debe erradicarse también de las dependencias gubernamentales.

Consideró que fue muy oportuno que previo al inicio de la discusión en San Lázaro de la reforma en materia de outsourcing, del presidente Andrés Manuel López Obrador, el diputado de Morena, Pablo Gómez haya presentado una iniciativa que la complementa.

La FSTSE, dijo, le reconoce al legislador esa iniciativa que plantea la adición del artículo 10 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a fin de que prohiba la subcontratación en el ámbito del sector público.

Ayala Almeida recalcó que tal como lo expresó un día antes el diputado Gómez, “la subcontratación, conocida como Outsourcing, es una práctica habitual que afecta los derechos laborales de miles de empleados, tanto en el sector público como en el privado”

Con ello,insistió,se da la debida claridad y certidumbre al contenido de la reforma presidencial. Recordó que la FSTSE ratifica su respaldo a la iniciativa del presidente de la república, ya que se debe acabar con las prácticas simuladas que dañan los derechos laborales de los trabajadores a través de la subcontratación o tercerización como también se le conoce.

Es importante, insistió, que a quienes laboran para el gobierno federal y gobiernos de los estados, sean médicos, paramédicos o empleados administrativos, se les garantice su estabilidad laboral a través de servicios permanentes y no de contratación simulada.

Estas prácticas, recalcó, e afecta la prestación de mayor importancia, consistente en la falta de integración a la Seguridad Social. En particular para los servidores públicos que deberán ser protegidos por el Issste.

El líder de la FSTSE subrayó “ el el respeto al ejercicio pleno y a la autonomía del poder legislativo”., que tiene en sus manos dar protección de los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado.