El general de división no tiene ninguna restricción legal para su libertad, hasta en tanto la Fiscalía General de la República no judicialice la carpeta de investigación sobre los delitos de los cuales se le acusó en Estados Unidos.

Cuando llegó de regreso al país, luego de permanecer preso en Nueva York durante 33 días, el general de división fue notificado formalmente de que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación sobre las acusaciones que pesan en su contra, con base en la información aportada por el Departamento de Justicia estadunidense.

El gobierno de México tiene la obligación de continuar con esta investigación, pues la decisión de la jueza del Distrito Este de Nueva York, Carol B. Amon, fue en el sentido de dismiss indictment without prejudice, es decir, desestimar el caso contra Cienfuegos por el momento, dejando abierta la posibilidad de que vuelva a abrirse en los tribunales estadunidenses.

Por lo pronto, los agentes del Ministerio Público de la FGR aún se encuentran analizando los más de 700 documentos que el Departamento de Justicia estadunidense les entregó desde el 11 de noviembre pasado.

Este análisis quedó a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), que en esta etapa de las pesquisas puede llamar al general a declarar para que confirme o refute las pruebas en su contra.

Una vez que concluya este examen, si es que la FGR encuentra que hay indicios de prueba suficientes y que considere legales, podrá entonces consignar la carpeta de investigación ante un juez de distrito, y solicitarle que emita una orden de aprehensión contra Cienfuegos.