El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en la Ciudad de México, amparó a Greenpeace, que deja insubsistente la aplicación del acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y de política de la Secretaría de Energía (Sener) en materia de generación de electricidad renovable, emitidos respectivamente en abril y mayo pasado.
“A efecto de no generar un vacío normativo con motivo de la concesión de este amparo respecto de la Política de Confiabilidad, debe restablecerse la vigencia de aquélla que se encontraba vigente previamente a la expedición del Acuerdo reclamado, por lo que la Secretaría de Energía deberá continuar aplicando esta última; además, la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, como autoridades vinculadas al cumplimiento de esta sentencia, deberán abstenerse de ejecutar el acuerdo impugnado”, señala el resolutivo.
Al respecto, Greenpeace manifestó que el fallo del juez federal, invalida la totalidad de ambos instrumentos jurídicos, con lo cual se elimina el bloqueo a los proyectos de energía renovable a cualquier escala. Una vez notificadas las autoridades, tendrán 10 días hábiles para recurrir el fallo. “Celebramos esta decisión judicial porque permite que las energías renovables sigan siendo una alternativa en el país y con ellas, reducir las emisiones que contribuyen al cambio climático. Estas tienen que ser con estricto respeto a derechos humanos por lo que exigimos a las autoridades castigar cualquier irregularidad en los procesos y proyectos sin que esto signifique bloquear las tecnologías renovables.
“Esta decisión también abre la posibilidad para que la Sener dé un giro en su política energética y apueste por energías renovables en lugar de seguir favoreciendo los combustibles fósiles. Esperamos que su titular Rocío Nahle acepte reunirse con nosotros para escuchar las propuestas de la sociedad civil ”, señaló Pablo Ramírez, especialista en cambio climático de la organización ambientalista no gubernamental.
Para Luis Miguel Cano, consultor legal de Greenpeace México, la sentencia además abona a la obtención de justicia climática, en tanto que se toman en cuenta los riesgos de daños ambientales a mediano y largo plazos, y se decide proteger el patrimonio natural, tanto de las generaciones presentes como futuras.
“Con ello se garantizan los derechos humanos a la salud, a un medio ambiente sano, a la sustentabilidad y a la legalidad”, agregó María Colín, especialista en Derecho Ambiental de Greenpeace México, quien estimó este fallo como una victoria ciudadana que “restablece derechos que habían sido vulnerados por ambos instrumentos jurídicos”.
