En lugar de recibir ayuda de la policía de San Diego, el mexicano José Alfredo Castro Gutiérrez fue abatido de dos tiros por un uniformado, lamentó su viuda, Ana Ojeda.

La noche del 19 de octubre, el connacional, quien ya contaba con residencia en Estados Unidos, presentó un ataque de paranoia –sufría trastornos mentales—, sus vecinos solicitaron apoyo de la policía, pero los elementos no supieron cómo actuar y lo mataron.

Con el acompañamiento del Consulado General de México en San Diego, la familia y su representante legal llevarán el caso ante la Corte Federal, se informó en conferencia de prensa virtual convocada por la delegación diplomática. Además de la reparación, Ojeda y los abogados que la acompañan demandarán reformas para limitar el uso de la fuerza en la policía, sobre todo cuando se trate de personas con discapacidad.

El cónsul general de México en San Diego, Carlos González, solicitó a las autoridades estadundienses una investigación imparcial, expedita y transparente en este y otros casos de mexicanos muertos en eventos con policías.

Eugene Iredale, abogado de la familia, subrayó que la muerte de Castro Gutiérrez “no tenía por qué ocurrir”, pues los uniformados debían estar capacitados y preparados para reaccionar de otra forma y no con el uso letal de la fuerza.

“Este hecho representó el fracaso de las tácticas policiales básicas”, pues atentó contra el derecho a la vida, garantizado en la Constitución estadunidense. Agregó que por ley, el proceso ante la Corte Federal se podrá presentar 60 días después de los hechos.

Indicó que en algunos puntos del país del norte, aún hay muestras de racismo, incluidos los policías, contra las grandes minorías, como las comunidades negras, latinas y personas con discapacidad, y este crimen es muestra de ello.

Ana Ojeda indicó que tras la muerte de su esposo ella y su pequeña hija de 21 meses tendrán que reestructurar su proyecto de vida en el corto y mediano plazo.

El proceso es acompañado también por varias organizaciones civiles estadunidenses. Miclelle Celleri, abogada en derechos humanos de Alianza San Diego, refirió que los agentes de seguridad en Estados Unidos tienen una posición desde la que pueden quitar la vida, la propiedad y la libertad a un individuo.

“Ante este tipo de poder tienen que ser responsables de sus acciones y tener a alguien que supervise que están trabajando dentro de la ley y que respetan la vida de la comunidad”, subrayó.

Pedro Ríos, director del Proyecto Fronterizo Estados Unidos-México del Comité de Servicios de los Amigos Americanos, aseveró que a partir de este caso, las organizaciones deben trabajar de manera coordinada para incidir en las decisiones de los representantes ciudadanos electos a fin de que tomen las medidas necesarias para cambiar, por ley, la forma en cómo deben responder las fuerzas policiacas ante distintos tipos de eventos.