Después de una caída en las cifras de homicidios al inicio de la pandemia en los países del Triángulo Norte, éstas han vuelto a los niveles previos a la crisis en la mayoría de los lugares, mientras que, en el país, las altas tasas se han mantenido constantes durante la emergencia sanitaria, aseguró la organización Crisis Group.

En su más reciente informe sobre Violencia a prueba de virus: crimen y COVID-19 en México y el Triángulo Norte de Centroamérica, concluye que, con la reactivación gradual de las economías, se espera que la extorsión se vuelva a disparar en el norte de Centroamérica, mientras que la reapertura de fronteras y aeropuertos probablemente revitalice el tráfico de drogas por tierra y aire, y otros tipos de tráfico. Al mismo tiempo, las dificultades económicas causadas por la pandemia podrían llevar a más personas, en particular a los jóvenes, a unirse a las filas del crimen organizado.

Por ello, indica, los gobiernos de México y el norte de Centroamérica deberían responder con intervenciones focalizadas y estratégicas que rompan con los métodos probados y fallidos del pasado.

En videoconferencia para hablar del estudio, Falko Ernst, analista senior para México de Crisis Group, señaló que al inicio de la pandemia había una especulación de que los efectos económicos en los mercados ilícitos podrían dar “un golpe mortal” a los cárteles mexicanos. Sin embargo, dijo no fue así. “Al inicio de la emergencia sanitaria estaban preocupados por sus negocios y tenía problemas para conseguir los precursores químicos para producir metanfetamina”.

De acuerdo con el estudio, el impacto económico del COVID-19 podría durar mucho más que el contagio mismo, a medida que tanto el sector formal como el informal se debilitan, la pobreza y la desigualdad aumentan, y los gobiernos luchan por obtener préstamos para financiar la inversión y los paquetes de ayuda socioeconómica.

“Las autoridades deberían combinar las medidas de vigilancia policial focalizada con la inversión de fondos de emergencia que los prestamistas multilaterales han puesto a disposición para responder a la crisis de salud, dando prioridad a las regiones más expuestas a la pandemia y sus consecuencias, incluidas las áreas afectadas por el aumento de la violencia”.