Ciudad de México. Las comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo en la Cámara de Diputados convocaron a los sectores involucrados en la terciarización (outsourcing) a participar en un ejercicio de parlamento abierto, los próximos lunes y martes. No obstante la fuerza mayoritaria en San Lázaro, que conforman Morena, Partido del Trabajo (PT), PES y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mantienen firme su postura para votar, en sus términos, la iniciativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Se prevé que el miércoles siguiente ambas comisiones se reúnan por la mañana, con objeto de dictaminar el proyecto de decreto, y remitirlo al pleno ese mismo día -o mas tardar el jueves- para su aval, y se envié al Senado de la República para su ratificación.

La bancada de Morena, concuerda con la iniciativa de proyecto de decreto del Ejecutivo Federal para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Una tarjeta informativa distribuida a los diputados de Morena, establece que la iniciativa eliminará “los esquemas de subcontratación que propician la evasión fiscal, y regular la subcontratación que permita estabilidad laboral y mejoramiento de las prestaciones laborales de los trabajadores y una recaudación efectiva.”

Los argumentos morenistas refieren que a largo del tiempo, el derecho del trabajo ha encontrado nuevas formas y variantes en la forma de contratación y relación entre los trabajadores y sus patrones. Lo anterior, ya que los cambios en las empresas y en la economía presentan la necesidad de adaptarse, generando un gran abanico de modalidades en las relaciones laborales.

“La subcontratación es una de las nuevas formas de relaciones jurídicas dentro del abanico antes mencionado. Esta nueva forma de relación jurídica es natural al desarrollo del mercado laboral y se caracteriza por el hecho de que una persona física o moral encarga a otra, dedicada a la prestación de diversos servicios o ejecución de obras, la realización de un determinado proceso por medio de un contrato. Lamentablemente, la utilización de este régimen laboral ha generado una práctica abusiva que ocasiona perjuicios en los derechos laborales de los trabajadores, y a su vez daña a la hacienda pública.”

Se advierte que este “outsourcing ilegal afecta a la clase obrera, pues se les registra ante el IMSS con salarios menores a los que realmente perciben” y repercute en sus pensiones, créditos de vivienda, licencias de maternidad o incapacidades y menores montos en casos de liquidación. Además, redunda en la estabilidad laboral, el pago de utilidades y en la antigüedad que no alcanzan a generar las y los trabajadores para un mejor retiro. “Existe también una afectación a las empresas, cuando se abaratan artificialmente costos de mano de obra, creando una competencia desleal frente a las empresas que sí cumplen completamente con sus obligaciones.”

De tal forma se propone la prohibición de la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Se regula y se permiten dos únicas figuras:

Servicios especializados u obras especializadas. “Se permite la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Las empresas deberán contar con autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y se inscribirán en un padrón público.”

Y las Agencias de colocación. “Podrán intervenir en el proceso de contratación: reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros. En ningún caso el intermediario se considerará patrón.”

De este modo se busca eliminar las prácticas que operan en la actualidad a través de “simulaciones que dañan a los trabajadores y al erario público, además de propiciar un entorno empresarial competitivo y legal, mediante el correcto cumplimiento de las obligaciones laborales”. Además, se proponen sanciones más severas: o Defraudación fiscal o Multas a quienes incumplan con las nuevas disposiciones o Prohibición en la de deducción de impuestos.

Con la iniciativa del presidente López Obrador, se subraya en el documento, se faculta a las autoridades laborales a requerir la información del cumplimiento de las obligaciones en materia de trabajo aún y cuando en el proceso de inspección el patrón se niegue a atender a las autoridades del trabajo (negativa patronal), lo que permitirá la continuidad de las diligencias y el ejercicio pleno de los actos de autoridad, además de imponer sanciones ante la negativa de proporcionar dicha información. También, se establece la responsabilidad solidaria, en el sentido de que la persona física o moral que contrate la prestación de servicios o la ejecución de obras con una empresa que incumpla con sus obligaciones en materia de seguridad social, esta será responsable con las personas trabajadoras utilizadas para la ejecución de dichas contrataciones.

Se incorpora la celebración de convenios de colaboración entre la STPS y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para el intercambio de información y la realización de acciones de verificación en su ámbito de competencias. Con el outsourcing ilegal no sólo pierden el Sistema de Administración Tributaria (SAT) o el IMSS; además esta práctica propicia el lavado de dinero.

Y respecto de las reformas al Código Fiscal de la Federación, se busca definir los esquemas legales de contratación de personal, mismos que serán homologados a las definiciones de prestación de servicios especializados y realización de obras especializadas de conformidad con el resto de modificaciones que se plantean. En lo referente a la Ley del ISR, se establecen los requisitos para deducir la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, y se precisan los supuestos en cuya deducción no será aplicable. Lo anterior con el objeto de evitar las prácticas fraudulentas y de evasión fiscal detectadas por las autoridades. Finalmente, en lo relativo a la Ley del IVA la iniciativa plantea prever de manera específica cuándo se podrá o no acreditar el impuesto trasladado en las operaciones correspondientes, de conformidad con los supuestos establecidos en el mismo proyecto de reforma.

Así el parlamento abierto que plantearon las dos comisiones (de Hacienda y Trabajo), de organizará de lña siguiente forma: el lunes se abordarán la Ley Federal del Trabajo, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social El martes, expondrán posturas entorno al Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, y la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Los ponentes dispondrán de 5 minutos por cada uno. Bajo la conducción del moderador, los legisladores o público presente podrán realizar una ronda de preguntas y respuestas puntuales al término de cada mesa durante un máximo de 3 minutos por cada legislador. Al final de cada mesa de trabajo el moderador dispondráì de 5 minutos para exponer las conclusiones a las que se llegaron en la misma.

La práctica será pública y abierta bajo las bases de esta convocatoria. Se invitará a diversos medios de comunicación, se videograbará el evento y estaráì disponible en los micro sitios de ambas comisiones dictaminadoras.