Ciudad de México. En la segunda reunión ordinaria de la Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó que el gobierno federal ha establecido entre sus metas el desarrollo de una nueva política migratoria basada en el respeto a los derechos de esa población, así como trabaja en la creación de una agenda regional para dar solución a los problemas estructurales que la impactan.

Indicó que hoy México desarrolla una política en la materia centrada en el interés superior de la niñez y la protección de sus garantías.

Como parte del orden del día de esta segunda sesión, la coordinadora de Información y Estudios del Sistema, Patricia Colchero Aragonés, presentó las recientes reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicadas el pasado 11 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.

Entre las principales reformas a diversos artículos, Colchero Aragonés enfatizó la importancia de la conceptualización de niñas, niños y adolescentes migrante, no acompañado, acompañado y separado, así como la incorporación del principio de no privación de la libertad de esta población etaria por motivos migratorios.

Por lo que implica la protección de niñez y adolescencias acompañadas y no acompañadas, las reformas indican la responsabilidad del Sistema DIF de procurar la protección de los menores en situación de migración, así como su alojamiento en Centros de Asistencia Social, la vigilancia de que no se les presentará ni alojará en estaciones migratorias o lugares habilitados para ello, y evitar que queden a cargo de personas adultas cuidadoras.

En el caso de las Procuradurías de Protección, serán las responsables de determinar si se debe o no retornarles de manera asistida, o negar la autorización de la condición de estancia por razones humanitarias a personas adultas que acompañen a los menores, entre otras.

En un comunicado se informó que durante la sesión, se acordó que esta Comisión trabajará el diseño de rutas estatales con autoridades locales la correcta implementación de las disposiciones de la reforma; realizar un amplio proceso de socialización y capacitación en materia de la reforma a la Ley de Migración y a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en los tres órdenes de gobierno; y apoyar a las instituciones responsables en la armonización de los reglamentos, protocolos y otra normatividad aplicable.

A esta sesión, que estuvo bajo la moderación del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio Mújica asistieron titulares y representantes de organismos internacionales como Mark Manly, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, y de dependencias federales, como Norma Díaz, directora general de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Juan Carlos Chávez, titular de la Unidad de Investigación de Delitos para personas Migrantes, de la Fiscalía General de la República.