La Cámara de Diputados aprobó la minuta con proyecto de decreto del Senado, por el cual se reforma el artículo primero transitorio de la Convocatoria de Consulta Popular que entrará en vigor el jueves 15 de julio de 2021, sin perjuicio de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ejecute las acciones preparatorias necesarias para realizar la jornada de consulta. El primer ejercicio redundará en preguntar a los ciudadanos si se lleva a juicio a los ex presidentes de la República.
Durante la sesión semipresencial en el pleno de San Lázaro -con la asistencia máxima de 126 diputados de todos los partidos, divididos de acuerdo a la composición legislativa, y el resto, 374 siguieron y votaron desde sus aparatos electrónicos-, la mayoría con 306 votos a favor, 154 en contra de la oposición se avaló la minuta que ahora será aprobada en el Diario Oficial de la Federación.
El texto aprobado señala que existe una diferencia entre la Ley Federal de Consulta Popular y la legislación electoral. En ésta “no se establece una fecha cierta de inicio del proceso de consulta popular, ni hace referencia al lapso en que deba cesar la difusión de propaganda gubernamental, con el propósito de no influir en el voto de la ciudadanía que produzcan en una consulta popular.”
Así, los impulsores del decreto, interpretan que “no es el inicio de vigencia del mismo, sino el tiempo que dure la campaña de difusión a que hace referencia el artículo 40 de la misma ley, el que debe determinar la veda constitucional a la propaganda gubernamental, sin embargo la falta de claridad de la ley, que se encuentra fuera del contexto constitucional vigente, hace necesaria la modificación del decreto, para procurar absoluta certeza en la difusión de propaganda”.
Y en esa circunstancia el decreto considera que los fines de la suspensión de propaganda pública, “no son otros que impedir que las instancias gubernamentales de cualquier orden de gobierno tomen parte y generen inequidad en las campañas de difusión y, en consecuencia, en la votación, a través de los mensajes que difunden en los medios de comunicación, “cuestión que no se encuentra en el horizonte cercano”.
Para sustentar el respaldo de la fuerza mayoritaria en San Lázaro, Itzel del Castillo, de Morena, expuso en tribuna que “este gobierno no va a violar ningún derecho humano, al contrario lo va a garantizar. Por qué no bajaron el financiamiento a los partidos -cuestionó a la oposición-. El pueblo exige que regresen lo que se robaron. El pueblo tiene derecho a la verdad, tiene derecho a decidir por su futuro, la impunidad no tiene memoria, pero la justicia sí. ¡Que el pueblo decida!”, repuso.
También la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dolores Padierna Luna (Morena), argumentó que la minuta del Senado subsana, corrige la fecha porque “no podíamos estar un año sin información pública. El INE solicitó casi 30 mil millones de pesos, 11 mil millones más que lo autorizado para el año 2020. Se queda intacto el rubro para organizar la elección. Es una mentira que se diga aquí que se quiere cortar. Se movió en los casi 20 mil millónes de pesos para el gasto operativo del INE, no puede ser que se siga con este gastadero público. Estamos en pandemia, hay crisis económica y no se puede seguir con ese nivel de gasto. Le quitamos un pelito al tigre”.
