Ciudad de México. En el caso del general Salvador Cienfuegos, el gobierno mexicano no actuó de manera extralegal, sino para hacer valer el acuerdo de cooperación en materia de seguridad firmado en 1992, que fue violado porque nosotros no tuvimos ninguna información sobre las acciones jurídicas de Estados Unidos contra el militar, de manera que no hay nada oculto ni se negoció impunidad, encubrimiento o subordinación política, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Antes de que una juez federal en Nueva York retirara los cargos criminales por narcotráfico que se imputaron en aquel país al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con Enrique Peña Nieto, sostuvo que el gobierno actuó diplomática y políticamente por el respeto a la soberanía nacional y para que se repusiera el procedimiento contra el general, a fin de que la Fiscalía General de la República (FGR), bajo las leyes mexicanas, proceda en su contra, en caso de que existan elementos de prueba suficientes.

Descartó haber recibido presiones de las fuerzas armadas para la repatriación de Cienfuegos, mientras el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, resaltó que en México no se dará carpetazo al asunto.

En conferencia de prensa conjunta para tratar exclusivamente este tema –en una hora y 37 minutos–, el canciller resaltó que Cienfuegos será repatriado en libertad a México en un avión del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y puesto a disposición de la FGR, lo cual será notificado en su momento a la corte en Nueva York. Aseguró que hay coordinación e intercambio de información entre la FGR y la Sedena sobre el tema, pero será el Ministerio Público quien determine la suerte del militar.

López Obrador pidió tener confianza en las autoridades de México. Que se siga pensando que los procedimientos legales y las autoridades del extranjero son más confiables y mejores que las de México ya no corresponde a la nueva realidad. No somos más que nadie, pero tampoco, menos, afirmó. Y “no hay acuerdos en lo oscurito”, como antes.

Al resaltar que la base de la política exterior de México es el respeto mutuo y a la soberanía nacional a partir de reglas claras, porque no somos colonia o protectorado; somos un país independiente, libre, soberano, y esto último lo han entendido bien en Estados Unidos, mencionó que la negociación fue un hecho inédito, basado en la confianza.

Va más allá de lo legal; no quiere decir que no lo sea, existe un acuerdo de colaboración suscrito años atrás en esta materia, que no se hacía valer y fue, en el caso que nos atañe, violado, porque nosotros no tuvimos ninguna información. No obstante, agradeció al gobierno estadunidense que supo escuchar nuestro planteamiento y rectificar.

Por este caso, reiteró, está de por medio el prestigio de la Secretaría de la Defensa, las fuerzas armadas y no podemos permitir, sin elementos, que se socaven nuestras instituciones fundamentales. Además, agregó, la conducta de un militar, por importante que sea, no debe manchar a toda una institución.

Precisó que la FGR decidirá, a partir de la evidencia que recibió del gobierno vecino, si el general será detenido, sujeto a proceso de investigación o puesto en libertad, pero no habrá impunidad ni permitiremos que se fabriquen delitos; ninguna persona puede ser víctima de una injusticia.

Ebrard comentó que lo logrado sienta un precedente para que hechos similares con Estados Unidos no se repitan, y enalteció que el fiscal general de ese país, William Barr, privilegiara fortalecer la cooperación entre ambas naciones.

Negó que como parte de la negociación se hubiera planteado impedir la operación de agencias como la DEA en México o no reconocer como presidente electo de Estados Unidos a Joe Biden. México no admitiría algo así, jamás.