Caracas. Cercado por sanciones de Washington, el presidente Nicolás Maduro abre de par en par las puertas del golpeado sector petrolero de Venezuela a aliados como China con una controversial legislación que da carta blanca a inversiones bajo anonimato.

Especialistas consideran que la llamada Ley Antibloqueo, presentada por el propio mandatario y aprobada el 8 de octubre pasado por la chavista Asamblea Constituyente que rige en el país, es el preámbulo de procesos de privatización sin contraloría y, por ello, terreno fértil para la corrupción.

"La Ley Antibloqueo lo permite todo, ¡hagámoslo!", expresó hace días Maduro, aupando inversiones privadas en el campo energético para "contrarrestar" la batería de sanciones de Estados Unidos, que incluye un embargo petrolero vigente desde abril de 2019.

Con esta norma, que le otorga poderes extraordinarios, Maduro podría aprobar "privatizaciones" o esquemas de apertura preservando "el anonimato de aquellas personas o empresas" que negocien con su gobierno en desafío a las restricciones de la Casa Blanca, explicó a la AFP el experto petrolero y profesor universitario Luis Oliveros.

La ley, según su articulado, da al gobernante potestad de "inaplicar" normas legales "cuya aplicación resulte imposible o contraproducente" por los efectos de las sanciones. Declara además "secretos y reservados" todos los actos derivados de su ejecución, sin fijar mecanismos para la rendición de cuentas.

La estatal petrolera PDVSA vive sus peores momentos desde la nacionalización del sector energético hace más de cuatro décadas.

La producción de Venezuela, de 3,2 millones de barriles diarios de crudo hace 12 años, ha sido menor a 400 mil barriles diarios en los últimos meses, retrocediendo a niveles de la década de 1930.

Teniendo las mayores reservas de crudo probadas del mundo, el país ha debido recurrir a buques cargados de gasolina y derivados de Irán en los últimos meses para paliar una aguda escasez de combustible.