El ayuntamiento de Huajuapan de León, en el estado de Oaxaca, ha obstaculizado la entrega de los recursos que deberían ejercer diversas comunidades indígenas, lo cual no sólo impide la realización de numerosas obras de infraestructura, sino que en los hechos anula la facultad de dichos pueblos de decidir sobre este y otros aspectos de acuerdo con sus propios sistemas normativos, afirmaron habitantes de dos de los pueblos afectados. 

En entrevista con La Jornada, Cuauhtémoc Guerrero y María Elena González, autoridades de las agencias de policía Dolores y El Castillo, respectivamente, señalaron que la presidencia municipal de Huajuapan, a cargo de la morenista Juanita Arcelia Cruz Cruz, se ha negado a entregarles la parte que les corresponde de las participaciones federales contempladas en los Ramos 28 y 33. 

Ambos dirigentes explicaron que, de los 54 millones de pesos que debe recibir el ayuntamiento oaxaqueño en el marco del Ramo 33, por ejemplo, la agencia municipal de El Castillo reclama el ejercicio de 0.31 por ciento, mientras que Dolores pide el 0.39 por ciento, que son las cantidades que la ley les permite utilizar en función del tamaño de su población, y aunque la cifra no es significativa, la alcaldesa ha impedido que se les otorgue. 

“Es una cosa muy pequeña, no hablamos de muchos millones. Nuestra demanda no llega ni al uno por ciento de los recursos, pero las comunidades indígenas tenemos derecho a administrar directamente los recursos que nos correspondan”, enfatizó Guerrero. 

Aunque durante el año las autoridades de los pueblos indígenas tuvieron reuniones con el gobierno municipal para discutir la posible entrega de los fondos, el pasado sábado se llevó a cabo “de manera sorpresiva” una reunión de cabildo extraordinaria en la que los asistentes decidieron frenar la entrega de los recursos o disminuirlos de forma considerable, aunque fueran para pagar obras ya autorizadas. 

En el caso de El Castillo, explicaron, para un trabajo de de renovación de la red eléctrica se les entregó únicamente 316 mil 376 pesos de los 873 mil 444 pesos que debieron haber recibido. 

De acuerdo con González y Guerrero, la negativa de las autoridades municipales no sólo significa un acto de discriminación en contra de al menos 18 comunidades indígenas –a las cuales incluso se les trató de negar dicho carácter--, sino una estrategia para seguir acaparando todos los recursos que les envía la Federación, y ejercerlos de forma opaca y presuntamente irregular. 

Ambos explicaron que, en el marco de un acuerdo firmado el año pasado, el ayuntamiento de Huajuapan le pide a las comunidades que le devuelvan el 10 por ciento de los fondos que está obligado a entregarles por ley, con el supuesto objetivo de crear un fideicomiso donde se acumulen todos esos recursos, y así poder financiar otras obras. 

“Si se asigna un millón de pesos a una obra, ellos dicen ‘vamos a pagar ese millón, pero ustedes deben poner 100 mil pesos’. ¡Se lo piden a familias que son beneficiarias de esos fondos federales porque están en la marginación! Nosotros lo sometimos a asamblea y decidimos que ese 10 por ciento lo pague la empresa que quiera ejecutar la obra”, puntualizaron. 

“El fondo del tema no es cuánto dinero se invierte, sino si ese dinero está siendo administrado por la comunidad, porque ejerciendo nuestro derecho a la autodeterminación y combatiendo la corrupción, hemos demostrado que se ahorra y se amplían las metas. 

“El tema es que sean las comunidades, con sus instituciones, quienes decidan el rumbo de su desarrollo, y no los ayuntamientos. Ellos nos lo quitan diciendo que ni siquiera existen comunidades indígenas en Huajuapan, cuando hay 30 agencias que se rigen por usos y costumbres, aunque no hablen una lengua indígena. Ellos piensan que es un asunto de obras, pero va más allá: el fondo es que nuestros derechos se han negado y violentado sistemáticamente”, recalcaron.