El Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México le concedió una suspensión definitiva a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), contra la orden de comparecencia que tenía programada hoy, y en la cual, la Fiscalía General de la República (FGR) le formularía imputación por su probable intervención en la comisión de un hecho que la ley señala como delito, derivado del caso conocido como la Estafa Maestra.
Por ello, la diligencia que se llevaría a cabo en salas de juzgados federales del Reclusorio Sur se difirió por tiempo indefinido. "Se concede suspensión definitiva solicitada en contra de la autoridad y actos precisados en el considerando segundo de esta resolución, por las razones y bajo las condiciones que en él se exponen" señala el resolutivo que se publica este miércoles en listas del Consejo de la Judicatura Federal.
En la comparecencia que estaba programada para hoy, Enrique González Tiburcio conocería de manera formal los cargos que le imputará el Ministerio Público, además las autoridades le confirmarían que existen pruebas para considerar que la firma inscrita en el convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) en 2016, causó un posible quebranto a la hacienda pública por 185 millones 839 mil 480 pesos.
Incluso el citatorio señalaba que en caso de no asistir, pese a su debida notificación, se libraría en su contra una orden de comparecencia a través de la fuerza pública.
González Tiburcio, uno de los colaboradores más cercanos de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, en la actualidad privada de la libertad, ya sigue un proceso en juzgados del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, pero no por supuestos desvíos, sino por una presunta falsedad de declaración, pues a pesar que en 2017 denunció ante el órgano Interno de Control de la Sedatu la falsificación de su firma en dicho convenio, un peritaje de la FGR sostuvo que sí era su rúbrica, por lo cual podría ser acusado de uso indebido de atribuciones y facultades.
El asunto está relacionado al ex rector de la UPFIM, Juan de Dios Nochebuena Hernández, quien en diciembre de 2018 fue vinculado a proceso después de que las autoridades judiciales lo responsabilizaran de firmar el convenio en febrero de 2016 con el entonces director de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, Armando Saldaña Flores, durante la gestión de Robles Berlanga.
