Nueva York. La solicitud de los fiscales estadunidenses para retirar los cargos criminales por narcotráfico al ex secretario de Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda y su retorno a México fue aprobada por una juez federal en Nueva York en lo que aparentemente es la última cita del general con la justicia estadunidense, y horas más tarde el hoy ex acusado fue regresado a México por las autoridades estadunidenses.

La juez federal, Carol B. Amon, determinó que “aunque estos son cargos muy serios contra una figura muy significativa”, no tenía razones para dudar del argumento del Departamento de Justicia de que la acusación debería de ser retirada porque los intereses de política exterior de Estados Unidos superan a los de proceder con el caso, y que tampoco dudaba de la aseveración de que las autoridades mexicanas “sinceramente desean proceder con una investigación y posible enjuiciamiento de este acusado”.

Por lo tanto, aprobó la solicitud y el traslado “expedito” del acusado a México bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Esta misma noche, los fiscales registraron una carta ante el tribunal de la juez Amon para “confirmar que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos exitosamente ha transportado al acusado a México”.

La juez resumió que “esta decisión fue tomada a los niveles más altos del gobierno” de Estados Unidos, el cual afirma que el propósito es para “permitir que México investigara y procesara al acusado” como parte de la cooperación bilateral en el cumplimiento de ley.

En la breve audiencia de sólo unos 15 minutos, el fiscal federal Seth DuCharme declaró ante la juez Amon que el Departamento de Justicia determinó que “proceder con el caso es contrario a los intereses de Estados Unidos en sus relaciones exteriores y en particular en su relación con México”. Ante la pregunta de la juez, afirmó que esta decisión se tomó “al nivel más alto” del gobierno estadunidense, de hecho por el propio procurador general William Barr.

El general Cienfuegos, quien se presentó físicamente ante el tribunal federal en Brooklyn [en la audiencia anterior fue por videoconferencia] vestido en un traje oscuro, fue preguntado por la juez -a través de una interprete- si entendía las condiciones de esta solicitud, que estaba renunciando a sus derechos de solicitar asilo como también el de buscar protección bajo la Convención contra la Tortura entre otros, a todo lo cual el acusado respondió con voz firme: “sí señora”. Afirmó que no es perseguido en México y que estaba de acuerdo con las condiciones para ser removido de Estados Unidos bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Su abogado, Edward Sapone, quien recordó que su cliente se había declarado no culpable de todos los cargos en la audiencia anterior, informó que Cienfuegos había firmado su aprobación del acuerdo para ser retornado a México.

La juez Amon firmó una orden que desecha la acusación, instruye a que Cienfuegos sea transportado a México bajo custodia de los alguaciles estadunidenses y que la orden desestimando los cargos sólo entre en vigor una vez que “el acusado ingrese y sea liberado en México”. Se les ordenó a los fiscales registrar un aviso ante el tribunal confirmando el retorno de Cienfuegos a México.

En la solicitud formal por escrito registrada el lunes ante el tribunal en Nueva York encargado del caso, los fiscales argumentaron que “Estados Unidos ha determinado que consideraciones delicadas e importantes de política exterior superan el interés del gobierno en proceder con la fiscalización del acusado bajo la totalidad de las circunstancias y por lo tanto, se requiere desestimar el caso”.

El sorpresivo comunicado conjunto del procurador general William Barr y su contraparte mexicana el fiscal general Alejandro Gertz Manero del martes, anunciando el acuerdo para desechar los cargos criminales y permitir que la investigación a Cienfuegos proceda en México, fue el primer anuncio público del acuerdo, aunque en los documentos se informa que hubo una serie de discusiones entre ambos gobiernos sobre el caso.

El general Cienfuegos fue arrestado en Los Ángeles por las autoridades federales de Estados Unidos el 15 de octubre de 2020 acusado de narcotráfico y lavado de dinero por lo cual enfrentaba una condena máxima de cadena perpetua. Fue trasladado y encarcelado en Nueva York en espera de un juicio que hoy fue efectivamente anulado.

Según el acuerdo -aunque eso no se abordó en la audiencia de hoy- el gobierno estadunidense se comprometió a compartir la amplia evidencia que dice tener -incluyendo miles de comunicaciones interceptadas- con sus contrapartes mexicanas para asistir en la investigación del general Cienfuegos en México.

Mientras tanto, medios estadunidenses están reportando de las razones por el acuerdo bilateral sobre Cienfuegos. Esta tarde el New York Times reportó que el gobierno mexicano emitó una advertencia a Washington de que estaba contemplando expulsar agentes antinarcóticos estadunidenses del país si no se repensaba el caso de Cienfuegos. Subrayó que aparentemente eso funcionó ya que el propio procurador general Barr fue quien dio la orden de solicitar el retiro de los cargos. De acuerdo con el Times, no era el enjuiciamiento de Cienfuegos en sí, sino la manera unilateral y sin consulta en que se realizó la investigación estadunidense -la cual se inició en 2013- y el arresto del general sin previo aviso a México.

El Times informó que el abogado de la defensa, Sapone, les comentó que se enteró de que los fiscales estadunidenses estaban considerando poner fin al caso a fines de la semana pasada. Por otra parte, según una fuente, los fiscales que habían elaborado el caso contra Cienfuegos estaban “devastados” porque sus jefes decidieron abandonar el enjuiciamiento.

El Washington Post reportó algo parecido el martes, señalando que fiscales federales en Nueva York atribuyeron la decisión a las amenazas del gobierno mexicano de limitar las operaciones de la agencia antinarcóticos estadunidense, la DEA, en México, algo que confirmó un funcionario mexicano.