Ramón Sosamontes Herreramoro, quien se desempeñó como jefe de oficina de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), promovió una nueva demanda de amparo contra cualquier orden de aprehensión o actos privativos de la libertad que haya librado un juez del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur, por el caso relacionado con el desvío de 5 mil millones de pesos, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, al frente de ambas dependencias; caso conocido como la Estafa Maestra.

El Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, admitió a trámite el recurso y le concedió al ex funcionario una suspensión provisional que sólo tiene efectos para evitar ser detenido por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa. Además le fijó el pago de una garantía de 20 mil pesos.

El recurso no impide a la Fiscalía General de la República (FGR) detenerlo en caso de que le imputen delitos graves que ameriten prisión preventiva oficiosa

"La medida cautelar aquí concedida no surtirá efectos si se pretende privar de la libertad al peticionario del juicio constitucional en cumplimiento de una diversa orden privativa de la libertad personal emitida en su contra por autoridad judicial y/o administrativa distinta a las aquí señaladas, o si se les sorprende en la comisión de flagrante delito; con motivo de caso urgente, cuando se trate de delito que contemple prisión preventiva oficiosa y ante el riesgo fundado de que se pueda sustraer a la acción de la justicia o si es sorprendido infringiendo Reglamentos de observancia general" señala el resolutivo.

Asimismo, el juzgado federal pidió al juez de control del centro de justicia penal un informe en el cual indique si libró alguna orden de captura en su contra a petición FGR , que a su vez tendrá que informar si solicitó la captura. El juez federal fijó el próximo día 24 de noviembre  a las 10:30 horas para que se realice la audiencia incidental.

Sosamontes es colaborador cercano a Robles Berlanga, quien enfrenta un proceso penal y se encuentra en prisión preventiva en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, luego de que en agosto de 2019  el juez del caso la vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en la comisión de ejercicio indebido del servicio público.

Entre los datos de prueba que el Ministerio Público Federal presentó el año pasado en la audiencia de Robles Berlanga, están  los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de contratos y convenios que ex funcionarios de Sedesol y Sedatu firmaron con universidades estatales y politécnicas, entre ellos se mencionó a Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de ambas dependencias, y a Ramón Sosamontes, ex director de Comunicación Social de la Sedesol, como involucrados en la firma de esos contratos.

En sólo cuatro años, al ocupar altos cargos dentro de la extinta Sedesol, Zebadúa y Sosamontes suscribieron al menos siete convenios que causaron daños al erario por mil 630 millones 616 mil 503 pesos. Así se desprendió de los datos vertidos durante la audiencia judicial donde se vinculó a proceso a quien fue titular de esa dependencia y jefa inmediata de ambos.