Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos advirtieron de un posible convenio entre altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el capitán en retiro del Ejército, José Martínez Crespo –único militar detenido por el caso—, para eximirlo de la responsabilidad de los crímenes contra los estudiantes y sea liberado. 

En conferencia de prensa, que se realizó este lunes de manera virtual, el Comité de Padres y Madres de los 43 exigieron que las autoridades, en particular las militares, cumplan con la palabra empeñada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que se hará justicia sin importar quiénes sean los responsables. 

Destacaron el trabajo realizado por la Fiscalía Especial para el caso de la Fiscalía General de la República, de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “La detención del capitán Martínez Crespo es muestra de ello”. 

Sin embargo, alertaron que hasta el momento el militar no ha sido imputado del delito de desaparición forzada y sólo se han enfocado al de delincuencia organizada, por su posible relación con el cártel de Guerreros Unidos, relacionado con los crímenes contra los normalistas cometidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. 

Por ello, solicitaron que cuanto antes la Fiscalía Especial ejercite acción penal contra el capitán por el delito de desaparición forzada y alertaron que la jerarquía de la Sedena no ha cumplido con lo solicitado por el presidente para entregar toda la información relacionada con los crímenes a las instancias que investigan el caso. 

“Le recordamos al presidente el compromiso que adquirió con los padres de cero impunidad, que tocara con quien tocara íbamos a saber la verdad. El capitán Martínez Crespo tiene mucha responsabilidad, el convenio que haya hecho con militares para entregarse de manea pacífica no lo exime de la responsabilidad sobre la desaparición de nuestros jóvenes. Si dentro de los crímenes que le están imputando hace falta la desaparición forzada, nosotros a través del expediente que existe de las pruebas y testimonios de los alumnos sobrevivientes, las aportamos de manera abierta y pública para decirle al juez segundo de distrito de Toluca –quien llevará el proceso del militar— que lo consigne a proceso, porque no es justo que hoy que se tiene a los responsables de manera mañosa y por convenios con militares pueda salir ese señor. Exigimos al presidente de la República que cumpla su palabra de cero impunidad, no puede quedar así sólo porque porte un uniforme de miliar”. 

Por ello, demandaron que el juez en turno dicte auto de formal prisión contra el capitán en retiro, también por su responsabilidad en los hechos contra los normalistas de hace más de seis años. 

Los familiares enlistaron cinco puntos para que el militar sea sujeto a proceso por el caso Ayotzinapa y no sólo por su presunta colaboración con la delincuencia organizada: “el día de los hechos estuvo al frente de operativos y patrullajes que realizó el Ejército y llegó a los escenarios donde nuestros hijos eran agredidos; estuvo en contacto con los soldados que dieron seguimiento de manera directa y por medio del C4 a nuestros hijos desde su llegada a Iguala, por lo tanto conoció en tiempo real las agresiones que los estudiantes sufrían sin hacer nada para evitarlo”. 

Agregaron que Martínez Crespo “recabó evidencia de la agresión a los jóvenes, la cual nunca fue entregada ante instancias que investigaban el caso; también existen datos de prueba sólidos de su vínculo con Guerreros Unidos; y han sido publicadas mantas en distintas partes de Iguala que lo señalan de pertenecer a ese grupo delictivo. Por lo tanto, no queda lugar a dudas de su responsabilidad en el caso”. 

Para los padres, las anteriores son razones suficientes para que el capitán sea sometido a proceso por el caso Ayotzinapa y aseguraron que tuvo acceso a información que permitiría conocer el paradero de los 43 estudiantes. 

Hoy, el poder judicial federal, particularmente el juzgado segundo de distrito de Toluca, debe actuar con responsabilidad, analizando detenidamente las pruebas y dictando auto de formal prisión para que el capitán rinda cuentas en el proceso de su implicación en la desaparición y agresión a nuestros hijos. Exigimos a la Sedena respetar la palabra empeñada por el presidente de la República de no encubrir a nadie y no obstaculizar las investigaciones. Esta institución debe tener claro que elementos adscritos al 27 Batallón de Infantería (con sede en Iguala) están implicados en la agresión a nuestros hijos”.

En se sentido, exigieron que la jerarquía militar contribuya y transparente la actuación de los soldados aquella noche del 26 de septiembre del 2014, poniendo a disposición de la Fiscalía Especial para el caso de la FGR y de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia todas las evidencias que posee relacionadas a los crímenes.