Ciudad de México. De acuerdo con un análisis elaborado por la bancada del PRI en la Cámara de Diputados sobre la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal para realizar una reforma de distintas legislaciones en materia de outsourcing, la iniciativa podría generar un despido inmediato de medio millón de empleos, además de fomentar la informalidad y simulación por medio de pagos en efectivo, así como una afectación a las finanzas públicas.

En el documento que busca hacer un balance de los “efectos negativos de la iniciativa de reforma propuesta por el Ejecutivo Federal para regular la subcontratación”, se recuerda que como una de las propuestas de modificación a la Ley Federal del Trabajo se plantea la prohibición expresa a la subcontratación “descrita como: una persona física o moral que proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra”.

A la par se advierte que dicha disposición y “dado que las empresas no podrán absorber de manera inmediata a todo el personal que se encuentre subcontratado”, provocará que “muy posiblemente opten por dejarlos en la informalidad o utilizar esquemas de simulación como el regreso a los contratos de honorarios. Se estima la eliminación de medio millón de puestos de trabajo de manera inmediata”.

Para solucionarlo recomienda permitir la subcontratación pero con una regulación más estricta.

Otro de las posibles controversias, se indica en el documento, se concentra en la propuesta para que la empresa contratante de los servicios especializados, o el cliente que contrata personal especializado por subcontratación, sea responsable solidario de las obligaciones laborales de los empleados contratados por la prestadora de servicios, para lo cual se plantea una reforma a cuatro legislaciones.

Sobre ello se advierte que si las empresas contratantes empiezan a ser responsables solidarios de los empleados de los servicios de limpieza, comedores, vigilancia, demostradoras y promotoría, entre otros, “lo natural es que el mercado se inhiba, las empresas buscarán hacer las menos contrataciones de este tipo y habrá una afectación inmediata a la economía del país”.

Incluso se asegura que la iniciativa presenta “una grave contradicción” con la legislación civil y mercantil, pues por costumbre y norma se separa la responsabilidad laboral del prestador de los servicios y del cliente. “Una propuesta de esta naturaleza que legisla en lo laboral efectos que en lo mercantil ya han quedado estudiados llevaría a que el Poder Judicial tuviera que pronunciarse sobre este efecto”.

Como parte de las reformas planteadas a la Ley Federal del Trabajo, se propone exigir que las empresas que prestan servicios especializados deban contar con una autorización de la Secretaría del Trabajo para poder hacerlo, pero “al referirse a empresas de servicios especializados en lugar de empresas de subcontratación, deja incluidos a: despachos de contadores, abogados, asesores, auditores, limpieza, comedores, vigilancia, valet parking, tecnología, call center, y muchos más dentro de este supuesto”.

La medida “fomentaría la informalidad y el pago en efectivo para evitar dejar rastros de los servicios prestados”, por lo que se considera necesario que la regulación sea únicamente para las empresas de subcontratación, y no para todas las empresas de servicios especializados, pues se estaría englobando a todo el mercado de servicios.

“Toda vez que el 70 por ciento de las empresas del país se dedican a la prestación de servicios, todo este universo se vería impactado por esta reforma obligándolas a solicitar una autorización por parte de la STPS para poder otorgar su servicios, pues no hay una diferenciación entre las empresas de prestación de servicios y las de prestación de servicios especializados en la legislación mercantil, ni tampoco entre la prestación de servicios en el mismo domicilio del cliente y aquella que se otorga en el domicilio del prestador de servicios”, se concluye en el documento.

Por ello, se asegura, se desincentivaría de manera inmediata la inversión extranjera, debido a que las empresas extranjeras tras su llegada al país requieren de despachos de abogados, contadores y otros servicios especializados.