El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que el anuncio causó sorpresa y preocupación, pues viola el compromiso expreso de las autoridades de consultar con las organizaciones afectadas por estas disposiciones.

La propuesta, destacó, desalienta la creación de empleos y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, lo que agravaría la frágil situación económica de México.

En el parlamento abierto realizado en 2019 en el Senado para discutir una eventual reforma, la iniciativa privada pactó con todas las fuerzas políticas regular la figura, evitar abusos y conservar empleos, y acordó con la actual administración trabajar en la futura iniciativa.

Aunque los empresarios buscan erradicar las malas prácticas, una regulación altamente restrictiva conllevaría inevitablemente efectos nocivos en la economía, como los ingresos por exportaciones, pues sectores el automotriz, aeroespacial y minero utilizan esta figura.

En momentos en que las empresas de todos los giros y tamaños están haciendo grandes esfuerzos para mantener su plantilla laboral debido a la pandemia de Covid-19, es insostenible generar mayores obstáculos en la materia, expuso.

En entrevista con La Jornada, Raúl Maillard Barquera, presidente de la Comisión Laboral de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, dijo que con la iniciativa están buscando un tema fiscal, no laboral.

La Confederación Patronal de la República Mexicana aseveró que la reforma es inflexible y unilateral, pues dañará la economía del país, aumentará la informalidad e inhibiría la creación de empleos.