San Cristóbal de Las Casas, Chis. Familiares de los seis indígenas asesinados el 13 de noviembre de 2006 en la comunidad de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo y decenas de organizaciones exigieron al Estado mexicano que se haga justicia, pues los hechos continúan impunes.

En un documento difundido con motivo del 14 aniversario de lo que llaman “la masacre de Viejo Velasco”, informaron también que su lucha “ha tenido un paso más”, ya que el pasado 25 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su Informe de admisibilidad No. 264/20, de la Petición 1594-10 del Caso Pedro Núñez Pérez y Otros, México”.

Añadieron que en dicho caso, “señalamos claramente, la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, privación arbitraria de la libertad y emisión de órdenes de aprehensión irregulares, que tuvieron lugar durante la agresión violenta en a nuestra comunidad Viejo Velasco, en un operativo de tipo paramilitar, con participación de agentes estatales”.

Manifestaron que desde hace 14 años en que sucedió la masacre de Viejo Velasco, cuando estaba de presidente Vicente Fox y de gobernador Pablo Salazar, “seguimos exigiendo justicia. Al llegar este día, los familiares seguimos viviendo la verdad frente a la impunidad que prevalece en el caso”.

Recordaron que el 13 de noviembre de 2006, “40 personas armadas, provenientes de los poblados de Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab —ubicados en la selva Lacandona—, acompañadas por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, cinco Fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación, con siete elementos a su mando, y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social, atacaron a nuestras hermanos y hermanas en su pequeña comunidad Viejo Velasco”.

Durante los hechos, abundaron, fueron por “ejecutados extrajudicialmente Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, Vicente Pérez Díaz, Miguel Moreno Montejo, Pedro Núñez Pérez y María Núñez González”, que estaba embarazada, y quien fue asesinado “mientras protegía a su hermana menor discapacitada, Petrona Núñez González, “secuestrada y torturada por el grupo civil armado y que días más tarde logró escapar, pero a consecuencia de la afectación psicológica que vivió, falleció en el 2010”.

Además, a la fecha continúan en calidad de desaparecidos, Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, a quienes se llevó el grupo civil armado” y 36 familias están en desplazamiento forzado.

Aparte de exigir que se haga justicia por estos crímenes, los familiares y las agrupaciones que los acompañan, demandaron la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de miembros de la Organización Social CDLI-XINICH, “a quienes el Estado mexicano se empeña en hacerlos responsable de asesinar a sus propios compañeros”.

Agregaron: “No olvidamos. Es el Estado mexicano que se empeña en despojarnos a los pueblos indígenas de nuestros territorios. La sangre derramada en Viejo Velasco no se quedará en el olvido. Hoy, a 14 años, nuestro corazón se fortalece, nuestra tristeza se transforma en indignación, lucha y resistencia para la verdad. Nuestro grito de ¡Justicia! se escuchará en todos los rincones del mundo. No olvidamos que el único delito de nuestros hermanos y hermanas masacrados y desaparecidos, fue el de defender su tierra y su territorio, para tener el sustento de sus familias”.

Insistieron en su exigencia de que se haga justicia y que “sean castigados los autores intelectuales y operadores políticos”.