Ciudad de México. Al firmar la iniciativa de ley que enviará al Congreso para regular y “ordenar” la subcontratación (outsourcing), el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esta herramienta se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y de afectación a los trabajadores, por lo que confió en que la Cámara de Diputados agilice el análisis y eventual aprobación de la reforma cuyo objetivo es evitar los abusos con esta manera de subcontratación que "se echó a perder".

Al inicio de la conferencia de prensa matutina, acompañado de los funcionarios que integraron el grupo interinstitucional que elaboró la iniciativa, el mandatario destacó el desplome de cada año, en diciembre, y la recontratación en los meses siguientes, como prueba de esta práctica abusiva.

“Estamos hablando de menos 378 mil (en diciembre de 2018), es casi lo que se perdió en un mes de pandemia, pero ahí sabemos, en abril perdimos 500 mil, en mayo 280 mil, menos que en diciembre del 18. Y vemos 2019, lo mismo ¿Cómo se explica eso? Es un abuso a una ley que se creó, aceptando sin conceder, para facilitar los trámites a las empresas que se dedicaran a producir y no se desgastaran en los trámites laborales pero se abusó”, dijo.

 

Aclaró que no se puede generalizar, porque hay empresas que cumplen, pero este fenómeno se detecta básicamente en las grandes empresas. “Entonces vamos a ordenar esta situación”, subrayó.

 

 

Señaló que el outsourcing afecta a los trabajadores porque se les niegan sus prestaciones y los despiden, de manera masiva, sin reconocerles aguinaldo o reparto de utilidades.

“Nada (se les da de prestaciones) por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas los trámites, pero se deformó, se echó a perder”, señaló.

Dijo que hay despachos que se dedican a estas actuaciones, estos procedimientos, que tienen miles de trabajadores, lo cual se notó más con la pandemia que “de repente empiezan los despidos de trabajadores, pero de miles, de una sola empresa. Hay empresas de este tipo que tienen hasta 100 mil, 150 mil trabajadores, por eso vamos a presentar esta iniciativa de ley”.

La reforma

En representación del grupo de trabajo gubernamental que analizó el tema, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, señaló que la propuesta tiene como fin resolver el problema y los abusos de la subcontratación, tema muy discutido, aún no resuelto, a pesar de que se han hecho distintas acciones siguen aumentando las irregularidades.

“La propuesta es una reforma integral en beneficio de trabajadores” y de las empresas que sí cumplen, destacó.

La iniciativa busca regular tres figuras: subcontratacion de personal, los servicios especializados y agencias de colocación.

En principio: se prohibe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, es decir, no puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros.

Se permite y se regulan los servicios especializados o la ejecuación de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos, se va a requerir para ello por parte de la secretaría del Trabajo y Previsión Social, y formarán parte de un padrón público.

Sí se podrá contratar, por ejemplo, en un hotel el mantenimiento de los elevadores o el aire acondicionado.

En el caso de las agencias de colocación, puntualizó, estas podrán intervenir en el proceso de contratación, en lo que tiene que ver con el reclutamiento, selección y capacitación, entre otros, pero en ningún caso el intermediario se considerará patrón ni podrán contratar en sustitución.

Se prevén sanciones más severas para las empresas que incumplan, se procederá por el delito de defraudación fiscal, no se permitirá que deduzcan impuestos, y se impondrán multas a todas las empresas que incumplan.

La propuesta, de ser aprobada por los legisladores, permitirá ir construyendo un mercado laboral más justo y equitativo.

Los abusos

En principio, expuso la secretaria Alcalde, los trabajadores son inscritos ante el IMSS con salarios menores a los reales, lo cual afecta en los jubilaciones y fondos de vivienda, así como en las indemnizaciones frente a despidos, maternidad, accidentes e incapacidades.

Hay simulación y afectaciones en la estabilidad en las empresas “porque los mueven a contentillo”; impide la organización libre y la negociación colectiva y, por tanto, la posibilidad de mejoras laborales y afectación a la antigüedad.

Precisó que una de las prácticas de las empresas subcontratistas es el despido en diciembre y la recontratación al año siguiente.

En 2018 se registró una caída de 378 mil 560 trabajadores que se recontratan después y lo mismo ocurrió en 2019, con una caída en ese periodo de 382 mil 210 trabajadores.

Además de la afectación al erario, hay una competencia desleal con los empresarios que sí cumplen.

Señaló que la figura de la subcontratación fue introducida en la reforma laboral de 2012 con restricciones que no funcionaron, “por lo que se ha exponenciado el abuso de esa figura”.

El crecimiento anual de las subcontrataciones es de 200 mil trabajadores; la mitad del personal contratado labora en empresas grandes – más de 250 trabajadores- principalmente en la manufactura y servicios.

El grupo interinstitucional, integrado por distintas dependencias, ha realizado operativos e inspecciones en todo el país, de los que han derivado procedimientos legales y penales en curso.

“Lo más importante es que nos permitió entender un modus operandi: por ejemplo, hay un grupo empresarial que cuenta con 250 mil trabajadores que no se dedica a ninguna actividad productiva sino que transfiere al personal a otras empresas para evadir responsabilidades”, dijo.

En un hotel de Cancún encontraron 802 trabajadores de los cuales solo 2 estaban reconocidos como trabajadores del hotel, utiliza 14 empresas subcontratistas, de los cuales se distribuían 800 empleados, no registrados en el IMSS, o la mayoría inscrito con falsos salarios mínimos, y todos estaban obligados a contratar cada tres meses con empresas “pagadoras”.

Es decir, el trabajador ni siquiera sabe qué empresa lo tiene contratado, por lo cual no tiene a quien exigirle y en una eventual demanda resulta que la empresa ya no existe, son empresas fantasmas que se crean y se deshacen para ese fin.

Por ello, advirtió, “la reforma integral tiene como objetivo cortarle los tentáculos al pulpo de la subcontratación y armonizar leyes: ley federal del trabajo, ley del IMSS, del Infonavit, el código fiscal, ley de ISR y la del IVA”.