Una jueza federal accedió el jueves a la petición del ex gobernador mexicano César Duarte y le concedió tiempo para que responda una carta diplomática presentada a último momento como sustento al pedido de extradición a su país, donde enfrenta múltiples acusaciones de corrupción. 

La jueza Lauren Fleischer Louis fijó una nueva audiencia para el 18 de noviembre en la que el ex gobernador podrá responder la misiva en la que la el gobierno de México asegura que su extradición está justificada y que ya ha cumplido con todos los requisitos tras haber presentado la solicitud a fines de 2019.

La carta fue presentada por la fiscalía un día antes de una audiencia del jueves, en la que originalmente estaba previsto que se abordara un pedido de Duarte para que sea desechada la extradición. La audiencia final de extradición ha sido fijada para el 14 de enero, pero mientras tanto Duarte intenta que la jueza descarte su repatriación. 

“Hay tantas preguntas para los dos”, dijo la magistrada poco después postergar la discusión de la extradición por una semana.

La audiencia de cerca de media hora se realizó de manera telefónica debido a las restricciones que existen en los tribunales por la pandemia del coronavirus. Estuvieron conectados la jueza, los fiscales y la defensa. Duarte llamó desde la prisión en la que está detenido desde julio. El ex gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016 no habló. 

Su abogado Henry Bell le dijo a la jueza que no habían tenido tiempo de prepararse para responder a la carta diplomática presentada por la fiscalía la víspera, que fue feriado en Estados Unidos. “Es injusto para el señor Duarte tener que enfrentar nuevas evidencias y argumentos en su contra el día antes de la audiencia”, expresó Bell. 

Duarte fue gobernador por el Partido Revolucionario Institucional en el estado fronterizo con Texas. En su país, de donde salió a fines de 2016, está acusado de peculado y asociación delictuosa para malversar millones de dólares de fondos públicos. 

Vive en Estados Unidos desde 2016 y en Miami, donde fue detenido en julio, desde 2017. El exgobernador, que ha pedido asilo en Estados Unidos, rechaza las acusaciones y asegura que tienen motivaciones políticas. 

La carta diplomática de la embajada de México en Washington que presentó como prueba la fiscalía señala que los argumentos de la extradición están sustentados. Recuerda asimismo que el delito de peculado que enfrenta Duarte es un delito continuado y que no ha prescrito. 

“Desde la realización de la primera conducta tuvo la intención de llevar adelante actos futuros para realizar un único esquema criminal, alcanzando el propósito de desviar recursos públicos mediante operaciones fraudulentas” del mismo tipo durante un período prolongado, indicó el gobierno de México en la carta fechada el 10 de noviembre. 

La carta enviada al Departamento de Estado explica que en México es requerida la presencia física de los acusados para que enfrenten procesos judiciales penales. 

La defensa de Duarte ha objetado las cartas diplomáticas presentadas como pruebas alegando que no tienen firma, pero el gobierno mexicano explicó que como son transmitidas por canales diplomáticos no requieren de firma.