Ciudad de México. La iniciativa de reforma para regular el “outsourcing” presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador causó sorpresa en el sector empresarial, pues se rompieron los pactos que mantenían con el gobierno federal a pesar de que los empresarios están de acuerdo con acabar con las prácticas irregulares cometidas bajo esta figura laboral, dijo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El organismo cúpula expresó que el anuncio dado en Palacio Nacional preocupa, pues “viola el compromiso expreso de las autoridades de llevar a cabo una consulta con las organizaciones del sector privado que son afectadas por estas disposiciones para la elaboración del proyecto”
Destacó que la propuesta “desalienta la creación de empleos y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, lo que agravaría la frágil situación económica de nuestro país debido al escaso crecimiento y los efectos de la pandemia de Covid-19”.
Recordó que el año pasado se realizó un parlamento abierto para discutir una eventual reforma en materia de subcontratación. Derivado se pactó con todas las fuerzas políticas regular esta figura para evitar más abusos y conservar empleos.
Subrayó que con las autoridades correspondientes se acordó trabajar en conjunto en la futura iniciativa. “Este acuerdo se rompió: la iniciativa presentada no fue consultada, y no respeta el consenso alcanzado en el Senado”.
Señaló que están de acuerdo en erradicar las malas prácticas cometidas bajo la subcontratación, pero “una regulación altamente restrictiva conllevaría inevitablemente efectos nocivos en la economía: no sólo se perderían empleos, también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones, ya que sectores como la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica y el sector minero, hacen un uso extensivo de esta forma de contratación legal”.
“En momentos en que las empresas de todos los giros y tamaños están haciendo grandes esfuerzos para mantener su plantilla laboral debido a la pandemia de Covid-19, es insostenible generar mayores obstáculos en materia laboral. Autoridades y empresarios deberíamos estar buscando opciones para fortalecer la economía, y no debilitarla”, dijo.
El CCE llamó a los diputados federales a establecer un nuevo proceso de parlamento abierto para que el sector privado exprese sus puntos de vista y preocupaciones sobre esta iniciativa y se hagan las adecuaciones pertinentes para evitar daños mayores al empleo de millones de familias mexicanas.
