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Ex presidente de la CRE, Guillermo García, impugnará inhabilitación

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Guillermo Ignacio García Alcocer, ex comisionado presidente de la CRE. Foto María Luisa Severiano/ archivo
12 de noviembre de 2020 21:11

Guillermo García Alcocer, ex presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) quien fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por un periodo de 10 años para ocupar un puesto público, impugnará esta sanción hasta las últimas instancias dentro de los plazos legales correspondientes.

A través de su cuenta de Twitter dijo que la defensa será para cuidar su nombre y dijo que ahora se dedica a la academia.

Aclara, que no se defenderá por acceder a un puesto en el gobierno federal sino para cuidar su nombre.

Consideró que la decisión de la SFP es una injusticia.

Tengo la conciencia tranquila dedique casi 25 años de mi vida al servicio público y siempre actúe con apego a la ley, asegura.

En su texto compartido, recordó que la investigación se hizo pública antes de qué iniciara, vulnerando el debido proceso.

Colaboré desde el principio poniéndome a disposición de la autoridad y luego aportando elementos probatorios de mi inocencia.

Se hizo una revisión a mi patrimonio en la cual se cerró sin observaciones lo que constata que mi actuar ha sido siempre correcto y honesto.

No hubo beneficio ni daño tal como se constató en la investigación. Declaré los nombres de las personas relacionadas en lo familiar y se publica esa información desde que llegué a la Comisión.

Ahí incluí a un familiar en cuarto grado que es un empleado de un grupo de empresas a nivel nacional e internacional.

Lo anterior, aún cuando la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética la cual regula los potenciales conflictos de interés de los comisionados sólo pueden dar con familiares en segundo grado.

Explicó que el permiso cumplió todos los requisitos se le fue autorizado colegiadamente por unanimidad del pleno conformado por siete Comisionados que no tienen relación de subordinación.

Mi actuación, dijo, se sustentó en el análisis de la unidad jurídica de la Comisión la cual no identificó vínculo de la empresa solicitante con el familiar en cuarto grado.

 

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