Los créditos otorgados vía nómina a trabajadores y pensionados enfrentan retos en las cuentas por cobrar, puesto que estas han incrementado 60 por ciento entre el primer semestre de 2019 contra el mismo lapso de este año, afirmó la agencia calificadora de valores HR Ratings.

“Las cuentas por cobrar están compuestas por la cobranza pendiente de traspaso de la entidad gubernamental a la entidad financiera, pagos realizados de manera anticipada a distribuidores de nómina, entre otros, por lo que, en caso de continuar creciendo, el sector podría presentar un riesgo de liquidez importante”, precisó.

Durante los últimos doce meses, detalló, la razón de cuentas por cobrar a la cartera total creció 25.2 por ciento hasta el primer semestre de 2020 “reflejando un mayor atraso de flujos, lo cual puede representar un riesgo de liquidez en el sector. De esta manera, la recuperación de estos flujos es el principal reto que afronta el sector”.

En un análisis sobre este sector, la calificadora expuso que presenta una disminución en su rentabilidad, ocasionada principalmente por una presión en el margen financiero de uno de los competidores más grandes así como por la cancelación de una reserva por castigos realizados por uno de los principales competidores del sector. 

“La caída en la tasa activa se atribuye a los programas de alivio otorgados por todo el sector a sus acreditados, lo que limitó el flujo real de intereses, en comparación a los que se recibirían bajo condiciones normales”, explicó.

Pese a la disminución en el número de empleo formal, dijo HR Ratings, la industria presenta una cobertura elevada y sanos niveles de solvencia, que le permitirán afrontar un menor dinamismo económico e impactos ocasionados por la pandemia en los próximos meses.

De acuerdo con el estudio, el segmento de créditos vía nómina a trabajadores y pensionados alcanzó una cartera vigente de 72 mil 635 millones de pesos con un índice de morosidad ajustado de 5.7 por ciento.

Otro de los retos que enfrenta este segmento, enfatizó la agencia, es que existen riesgos políticos importantes relacionados con los contratos que tienen las entidades financieras con las dependencias gubernamentales.

“Estos riesgos pueden generar incertidumbre con respecto a la obtención del contrato como consecuencia de un cambio en la administración federal, que conlleve a cambios en puestos directivos clave de la dependencia”, apuntó.

Además, precisó, los cambios realizados en varias dependencias gubernamentales con motivo de las políticas de austeridad podrían ocasionar una mayor rotación de los colaboradores, lo que impactaría de manera negativa en la calidad de la cartera de crédito.