El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México negó conceder un amparo a la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), quien reclamaba “la omisión y negativa” de la Secretaría de Educación Púbica (SEP), de emitir medidas cautelares en la implementación del operativo Mochila Segura, sin embargo, puede apelar la sentencia.
“La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Red por los Derechos de la Infancia en México, asociación civil, en contra de la omisión reclamada, por las razones precisadas en el considerando quinto de esta sentencia” señala el resolutivo.
El pasado 10 enero un alumno de primaria en Torreón, Coahuila, disparó en contra de su maestra y compañeros, para después suicidarse, lo que generó la reactivación del operativo Mochila Segura, sin embargo, el anuncio de la SEP de inmediato generó reacciones de especialista y asociaciones, entre ellas la Redim.
En su momento, Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y experto en derechos de la infancia, advirtió que hay un contexto normativo internacional y nacional que “establece claramente que este tipo de medidas policíacas violentan el interés superior de la niñez, pero también se olvida que detrás de estas presiones para reactivar Mochila segura hay muchos cabilderos y empresas de seguridad que sólo ven un buen negocio”.
Incluso en un comunicado que emitió en enero de este año, la Redim reiteró su rechazo al operativo “mochila segura” por ser “un acto de discriminación institucional que ha demostrado ser un fracaso para atender y prevenir los casos de violencia en el espacio escolar, enraizados en problemas complejos como la violencia comunitaria, la ruptura del tejido social, la impunidad y la inseguridad”.
Y agregó que implementar este operativo en cualquier orden de gobierno sería una violación a derechos humanos, como lo establece la recomendación No. 21/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde observó que dicho operativo, violenta el derecho a la intimidad, seguridad jurídica, no discriminación e interés superior.
