El recientemente nombrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, presentó este lunes el informe de labores de esta instancia durante el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre pasado, tiempo en el que el Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera ocupó la presidencia del Tribunal. 

Momentos antes de la presentación del informe en sesión solemne de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y del TEPJF, Vargas Valdez informó por medio de redes sociales que estaba contagiado de Covid-19. “A partir del momento en que fui notificado estoy en casa aislado y siguiendo las recomendaciones médicas. Me encuentro bien y desde aquí seguiré dándole atención a los temas del TEPJF”, indicó. 

Con un mensaje que duró 27 minutos, y que por un momento detuvo tras problemas con el telepromter que usó de guía para presentar el informe a manera remota en la sesión por videoconferencia, el presidente del Tribunal Electoral subrayó que pese a las diferencias entre magistrados en algunas de sus resoluciones, los fallos no atienden tintes políticos, y aseguró que ésta instancia está lista para el proceso electoral en curso que culminará con los comicios de 2021. 

Tras agradecer al ministro Fuentes Barrera por su reciente periodo como presidente del órgano de justicia electoral, indicó que las sentencias emitidas buscan dar certeza y legalidad en los procesos democráticos, y no beneficiar a alguna de las parte con base en razones extralegales. 

“Somos una institución independiente e imparcial, que resuelve los conflictos y las disputas que se suscitan en el ámbito del poder político a partir de criterios estrictamente jurídicos; si bien las decisiones de cualquier Tribunal, sobre todo los que competen a asuntos complejos son opinables y debatibles, en ellas siempre deberán imperar las razones del derecho”, indicó. 

Casi al concluir su mensaje, subrayó que “las sentencias del Tribunal Electoral son siempre el producto de la interpretación y armonización de valores y principios constitucionales, y aunque existan diferencias de criterios entre las magistradas y los magistrados, de ninguna manera son consecuencias de una decisión política, deliberada o de razones distintas a las jurídicas”. 

Durante el último año, incluso en el contexto de la emergencia sanitaria, el órgano resolvió que la pandemia no constituía per se un obstáculo suficiente para la renovación de las dirigencias partidarias. 

Sin hacer mención en particular al caso de la renovación de la dirigencia nacional de Morena, que derivó en constantes cuestionamientos de sus militantes al TEPJF, Vargas Valdez explicó que el órgano consideró que adoptando ciertas medidas era posible respetar tanto los derechos político-electorales como el derecho a la salud de los militantes de los partidos políticos. 

Por ello, agregó, “ordenamos cumplir nuestras sentencias y llevar a cabo la renovación de los órganos de dirección de los partidos políticos. En éste y otros casos, la Sala Superior ha emitido criterios para maximizar la función Constitucional, democratizadora de los partidos políticos y garantizar el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales que posibilitan esa función”. 

Recordó que en el presente año se llevó a cabo el registro de organizaciones que buscaron convertirse en partidos políticos, y apuntó que para lograrlo deben cumplir con requisitos como “el acreditar plena y fehacientemente el origen de los recursos que recibieron las organizaciones de ciudadanos en el camino para obtener su registro”. 

Las sentencias que dieron el registro a nuevas fuerzas políticas en el presente año, dijo, “tuvieron un criterio claro: la total transparencia y certeza sobre el origen del financiamiento de un partido político es condición indispensable para cumplir con sus funciones Constitucionales y evitar influencias indebidas en la vida política nacional”. 

De cara al proceso electoral ya en marcha, el más grande de la historia por el número de cargos en juego, afirmó que México requiere de un árbitro creíble, legítimo e imparcial. 

Sobre las acciones realizadas por el Tribunal, señaló que ante el entorno incierto y desafiante que ocasionó la pandemia, se aceleraron los procesos de modernización tecnológica para implementar juicios en línea en materia electoral. 

Detalló que ello permitió atender 13 mil 890 asuntos, de los cuales, 11 mil 959, es decir, el 86 por ciento, corresponden a juicios para la protección de los derechos político-electorales.  Además, el 90 por ciento se resolvieron por unanimidad de votos, lo que “legitima” las decisiones del Tribunal, con un tiempo de resolución de 22 días en promedio.  

En los últimos cinco años el índice de alternancia política federal, local y municipal alcanzó el  60 por ciento, “esto es prueba de que nuestra democracia funciona y de que el Tribunal Electoral ha cumplido con su finalidad Constitucional” de garantizar que la renovación de los poderes públicos se lleve a cabo de manera democrática y con apego a la ley, concluyó.