Ciudad de México. José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que la ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas desaparecidas," no tienen pies ni cabeza".

“El sistema está muy mal concebido y muy mal articulado, porque los legisladores federales y muchos de los locales, no conceptualizaron bien el fenómeno, no entendieron frente a lo que estaban. En una complejidad, no porque el fenómeno sea por sí mismo complejo, es por la incapacidad jurídica de comprender lo que se tiene enfrente y generar las normas pertinentes para enfrentar el problema en estos casos”.

Al participar en la Mesa redonda “Estado de derecho y desapariciones en México”, que organizó entre otros, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el ex ministro reiteró que las leyes y sus normas al respecto son precarias. “Primero hay que empezar a genera una estructura correcta, bien construida y sobre esa estructura hay que empezar a construir soluciones normativas pertinentes”.

Asimismo, consideró que, en el caso de las desapariciones de personas, las autoridades deben realizar buenas carpetas de investigación, llevar buenos procesos, condenar personas y lograr reparaciones. “No nos congratulemos de que sólo las familias busquen, esta es una función reparatoria que están haciendo a falta de autoridad estatal. Quien tiene que buscar -a los familiares- no es la madre, tiene que buscar el Estado, y a falta de un Estado tan inepto, corrupto, depende la situación, o las dos juntas, las madres, las hermanas son las que están buscando, pero exijamos que el Estado haga la chamba que tiene que hacer”.

Agregó que los personas que buscan a sus familiares desaparecidos están sujetos a una enorme cantidad de problemas, “porque están haciendo el trabajo que no les debía de corresponder. En un Estado serio, las personas no andan buscando las pruebas ni cómo incriminan a quien los lastimó. En un Estado serio denuncian y las autoridades hacen lo que tiene que hacer.

“Las personas están adquiriendo las competencias sobre la marcha y en algunas ocasiones, estos asuntos de búsqueda en fosas, en identificaciones forenses, son asuntos técnicamente muy complicados. Cuando realizan la búsqueda necesitan de un Estado que los estén apoyando. Los familiares no pueden entrar a ciertos territorios, porque hay una determinación territorial de ciertos grupos de la delincuencia organizada que no te permiten buscar en donde ellos no quieren, hay un problema muy serio”.

Asimismo añadió “hay un riegos enorme a la vida e integridad física de las personas en los procesos de búsqueda. Cuando las personas encuentran cuerpos dentro de las fosas, las autoridades les dicen que no escarben porque no tiene capacidad técnica para identificar los restos”.