Ciudad de México. Las declaraciones de al menos tres colaboradores, entre ellas las emitidas por Emilio Zebadúa, quien fue oficial mayor en las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la de Desarrollo Social (Sedesol), son parte del fundamento para la nueva orden de aprehensión que se libró contra Rosario Robles Berlanga por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Fuentes judiciales revelaron que en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019, iniciada en septiembre de 2019 a raíz de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se libraron 11 órdenes de aprehensión contra una red de servidores públicos utilizada para que presuntamente Rosario Robles se beneficiara del desvío de más de 77 millones de pesos durante su gestión como titular de la Sedesol y Sedatu, entre 2012 y 2018.
En los mandamientos judiciales que solicitó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Seido) no figuran ni Emilio Zebadúa ni Ramón Sosamontes, ex jefe de la oficina de la secretaria Robles Berlanga.
De acuerdo con la información obtenida, Emilio Zebadúa –quien ahora negocia un acuerdo de oportunidad con el Ministerio Público Federal– acudió a declarar a la Seido a finales de 2019, cuando no estaba como imputado en los cargos contra la ex secretaria de Estado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La indagatoria, que fue judicializada y por la cual se libraron las 11 órdenes de aprehensión incluyendo a Robles, no está relacionada con otras pesquisas iniciadas contra esta red de funcionarios federales y estatales que participaron en el desvío de más de 5 mil millones de pesos, por lo cual la ex secretaria enfrenta un juicio por ejercicio indebido del servicio público, explicaron las autoridades consultadas.
Emilio Zebadúa –mencionaron las fuentes– inculpó a Robles de ser quien ordenó el desarrollo de acciones que permitieran la entrega de contratos a la Universidad Autónoma de Morelos y que ésta a su vez subcontratara dos empresas (una vinculada a Ramón Sosamontes) para que se elaborara una encuesta entre los beneficiarios de programas sociales en seis entidades federativas; sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación determinó que tal contrato nunca se cumplió.
En ese contexto, la UIF detectó que el contrato por 77 millones 847 mil pesos sirvió para que las empresas contratadas fueran utilizadas para concentrar recursos y posteriormente se enviara el dinero a cuentas de particulares que supuestamente beneficiaron a Robles Berlanga y los demás involucrados.
Las fuentes señalaron que además de Robles, un juez de control con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, también libró órdenes de captura contra el ex funcionario de la Sedesol Pedro de León, ex coordinador de delegaciones, y Francisco Javier Báez, ex director de Programación y Presupuesto, así como de Gerardo Ávila, ex secretario de la rectoría de la Universidad Autónoma de Morelos.
