La instrucción de cargos, primer paso formal en el proceso de enjuiciamiento, fue realizada ante el juez magistrado Steven Gold por videoconferencia ante el tribunal federal del distrito del este, con Cienfuegos participando desde prisión.

Gold resumió las acusaciones de conspiración, distribución e importación de drogas ilícitas a Estados Unidos y el lavado de dinero generado por ese negocio, y preguntó al ex jefe del Ejército mexicano si entendía los cargos en su contra hechos por el gobierno de Estados Unidos, por los cuales se encuentra detenido. Asintió con la cabeza (hubo problemas de audio y el juez lo observaba por una pantalla).

El magistrado también le repitió sus derechos constitucionales, a lo que indicó que sí los entendía.

Edward Sapone, uno de los abogados de la defensa, indicó al togado que su cliente deseaba que se registrara de manera oficial su declaración de no culpable de los cuatro cargos en su contra.

Se llegó al acuerdo de que el plazo de 70 días con que cuenta la fiscalía para llevar el caso a juicio se inicia a partir del 18 de noviembre, día en que se programó la primera audiencia ante la juez Carol Bagley Amon en el mismo tribunal, quien estará por ahora a cargo del juicio contra el general.

Sapone también indicó que próximamente presentará una solicitud de libertad bajo fianza de su cliente. Cienfuegos también cuenta con la representación de otros dos abogados que se presentaron a la videoconferencia.

La sesión de hoy fue aplazada más de una hora por el juez, quien se desesperó por fallas técnicas en la videoconferencia y la falta de cooperación de periodistas que estaban escuchando la teleconferencia y no lograban silenciar sus aparatos.

Cienfuegos está formalmente acusado por el gobierno de Estados Unidos de los cuatro cargos presentados ante este tribunal el 14 de agosto del 2019 –misma fecha en que se emitieron las órdenes de arrestarlo.

Los fiscales encargados del caso lo acusan de abusar de su puesto para ayudar al cártel H-2 a traficar miles de kilos de diferentes narcóticos a Estados Unidos, y a cambio de sobornos permitió que la banda delictiva actuara con impunidad en México.

Afirman que entre diciembre de 2015 y febrero de 2017 el general Cienfuegos, según ellos tambien conocido como El Padrino, conspiró junto con otros para manufacturar y distribuir drogas ilícitas, incluyendo heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana, con el conocimiento de que serían exportadas a Estados Unidos. Calculan que la pena mínima para cada uno de los primeros cargos es de 10 años de cárcel, y en conjunto hasta cadena perpetua.

En una carta fechada el 16 de octubre, la fiscalía se opone a la libertad condicional del indiciado y ofrece detalles de sus actividades, al argumentar para obtener una orden permanente de detención.

Acusa que el general abusó de su puesto como secretario de la Defensa Nacional –cargo que ocupó entre 2012 y 2018– para ayudar al H-2 –cártel que rutinariamente cometió actos de violencia al mayoreo, incluyendo tortura y asesinato– a traficar miles de kilos de drogas ilícitas.

Indica que cuentan con evidencia –incluyendo miles de comunicaciones por BlackBerry Messenger interceptadas por las autoridades– de que mientras era secretario de la Defensa Nacional, a cambio de pagos de soborno, el acusado ayudó a dicho cártel de múltiples maneras, incluyendo asegurar que no se realizaran operaciones militares en su contra, lanzando operaciones contra los rivales del H-2, facilitando transporte marítimo, ampliando el territorio controlado por ese grupo delictivo a Mazatlán y el resto de Sinaloa, y presentando a sus líderes con otros funcionarios mexicanos dispuestos a colaborar.

El tribunal federal del distrito del este de Nueva York está en el mismo edificio de cortes donde se realizó el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán y donde procede el enjuiciamiento de Genaro García Luna.