Madrid. La Fiscalía española abrió una nueva investigación judicial contra el rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, tras el reporte de un nuevo informe redactado por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), que advierte de un presunto delito continuado de fraude fiscal a través de un proceso de inteligencia financiera.
Se trata de la tercera indagatoria contra el ex jefe del Estado de español, después de la que afecta al supuesto pago de comisiones ilegales por la adjudicación del tren de alta velocidad a La Meca y por el uso de unas tarjetas bancarias opacas que contaban con el respaldo financiero del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
El cerco judicial se estrecha con el rey emérito español, quien abdicó en favor de su hijo y actual monarca, Felipe VI, en el año 2014, precisamente porque empezaban a aflorar una serie de escándalos de corruptelas y de sus numerosas y variadas relaciones extramaritales, que también afectaban a los bienes públicos, una vez que gran parte de sus viviendas y medios de manutención se pagaban con fondos públicos. Además de los recursos que presuntamente adquirió el ex monarca a través de presuntos delitos de corrupción, entre ellos el fraude fiscal, el blanqueo de capitales y la falsificación de documentos.
El ex monarca vive en Emiratos Árabes desde agosto pasado, cuando decidió por sorpresa irse del país, también precisamente cuando se empezaban a conocer detalles de su conducta presuntamente delictiva durante sus años en el poder, desde que asumió la jefatura del Estado español en 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco, que fue ratificada por el referendo constitucional de 1978 con la transición a una monarquía parlamentaria y que culminó de forma precipitada con su abdicación hace seis años.
El nuevo informe redactado por SEPBLAC, un cuerpo policial especializado en delitos financieros, entre los que también estaría el pago de una comisión ilegal de alrededor de cuatro millones 600 mil dólares por su intermediación en la compra y construcción de un hotel-resort de lujo en Playa del Carmen, México, que operó la multinacional de la construcción española OHL, cuyo ex presidente Juan Miguel Villar Mir, figura en varios casos de corrupción y de financiación ilegal del derechista Partido Popular (PP). Además de la presencia de nuevo del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, quien además habría dotado de 120 mil dólares de fondos para las tarjetas opacas utilizadas por el ex monarca y parte de su familia.
Alejando Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, confirmó que las tres investigaciones siguen su curso y que en la última y tercera que afecta al monarca, todavía está en una “fase embrionaria” y que no se puede confirmar si sólo se trata de un delito fiscal y de blanqueo de capitales, y tampoco si afecta al ex monarca únicamente o también a parte de su familia.
Además en la investigación de la Fiscalía española, se tiene la hipótesis de que el empresario mexicano abonó decenas de facturas de Juan Carlos I y personas de su círculo más próximo correspondientes a viajes, estancias en hoteles, tratamientos médicos, clases, restaurantes y otros gastos de carácter ordinario.
