Pachuca, Hgo. Un grupo de 120 empleados del Servicio Médico Forense y de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) iniciaron un paro general de labores a partir de las 8:00 horas de este viernes, en protesta porque tienen que laborar sin equipo de protección biosanitaria para el manejo de cadáveres de fallecidos por Covid-19, además de ser víctimas, afirmaron, de acoso laboral por parte de Guadalupe Peralta subdirectora del área de peritaje de esa dependencia. Peritos que otras regiones de Hidalgo se sumaron también a su movilización.
Con pancartas y vestidos con batas los manifestantes se apostaron en las afueras de la PGJH y pidieron la intervención tanto del procurador Raúl Arroyo González, como del gobernador Omar Fayad Meneses.
Los trabajadores aseguraron que carecen de equipo de protección para evitar ser contagiados al levantar cuerpos de víctimas de la pandemia, y proseguir con el proceso de investigación y las autopsias para establecer de manera legal las causas de sus fallecimientos.
"Hay casos de compañeros que tuvieron que irse por padecimientos y también se han contagiado de Covid-19, aunque por fortuna no han fallecido, pero sus familiares sí", dijo uno de los peritos.
Revelaron que desde el inicio de la pandemia de coronavirus no han dejado de laborar, y que se les obliga a cubrir horas excesivas de trabajo, entre 24 y hasta 48 horas, sin contar con insumos, lo cual está fuera de la Ley laboral.
A esto se suma el que son objeto de acoso laboral por parte de Guadalupe Peralta, subdirectora de Servicios Periciales de quien exigieron su destitución y a quien acusaron de exigirles su ubicación por celular y que le envíen fotos de los lugares donde se encuentran; además de incurrir en nepotismo y maltrato psicológico.
Relataron que un perito Servicios Periciales de nombre Luis Enrique Ramírez Díaz sufrió un accidente, a causa del mal estado en que se encuentran los vehículos de la dependencia; apuntaron que el auto en el que el trabajador viajaba es viejo y, por falta de mantenimiento, sufrió una falla mecánica, cuyo percance lo mantienen grave.
Ante la falta de apoyo por parte de Peralta, los compañeros Luis Enrique, de 30 años de edad, casado y con hijos menores, hacen una cooperación para que sea atendido en una clínica particular de Pachuca.
Expusieron que ese caso es una prueba de la excesiva carga de trabajo a la que son sometidos los peritos, dado que él solo le correspondía atender las investigaciones periciales relacionadas a los municipios de Tula, Tepeji del Río, Tezontepec de Aldama, Atotonilco de Tula, Tlaxcoapan, Tepetitlán, Atitalaquia y Tetepango, entre otros.
Acusaron a Guadalupe Peralta de no contratar a más personal, algo necesario dado que pese a que para garantizar una buena integración de carpetas de investigación son necesarios peritajes exactos y apegados a la verdad histórica de los hechos, y una sola persona no es suficiente. Así también denunciaron que no los dota de los insumos necesarios para desempeñar sus actividades.
Agregaron que si bien ya han ingresado múltiples oficios para solicitar mejoras en sus condiciones de trabajo, no han recibido ninguna respuesta por parte de la funcionaria.
Tras una hora de iniciado el paro laboral, el procurador Raúl Arrollo llegó al lugar para escuchar sus demandas. Para ello sacaron algunas sillas y escritorios a la calle donde éste se sentó junto a los representantes de los peritos y forenses, para escucharlos.
Hasta el momento, las pláticas entre ambas partes proseguían mientras los peritos y médicos forenses mantienen su paro.
