Ciudad de México. La pandemia de Covid-19 no sólo agravó las circunstancias difíciles que ya vivían diversos grupos vulnerables, como mujeres, indígenas y familiares de víctimas de desaparición, sino que también perjudicó las condiciones de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que defienden los derechos de los mencionados sectores.
Así lo indicaron los participantes en un foro virtual organizado hoy por Amnistía Internacional México, los cuales señalaron que la actual crisis sanitaria se hizo aun más compleja en el país debido a que muchas autoridades simplemente dejaron de realizar sus labores con el pretexto del virus, y actuaron “como si estuvieran en periodo vacacional”.
Consuelo Morales, fundadora y directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (Cadhac), afirmó que la “cerrazón, lentitud y actuación errática” de las autoridades de todo el país complicaron todavía más una situación que de por sí ya era difícil, a grado tal que incluso en estados como Nuevo León, “que se dice de progreso y avance, llegamos a vivir situaciones de hambre” entre familias de escasos recursos.
La religiosa detalló que el grupo a su cargo le da acompañamiento a unas 60 familias de personas desaparecidas, muchas de las cuales han visto mermada la salud de sus integrantes por la falta de atención oportuna del sistema sanitario. “17 personas han enfermado y algunos familiares de ellas han muerto” por el virus, lamentó.
Luego de detallar que los miembros de Cadhac y otros colectivos civiles echan mano incluso del humor y los mensajes de aliento para no decaer en este escenario complejo, Morales consideró que los gobiernos no deben recurrir a las amenazas y sanciones para que la gente obedezca las indicaciones contra el Covid, sino a un enfoque preventivo y de información.
Por su parte, Abel Barrera, fundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, alertó que la pandemia ha golpeado especialmente a colectivos como los jornaleros agrícolas, las mujeres y las familias que dependen de las remesas de los migrantes para subsistir.
“La economía de muchas comunidades se resquebrajó, porque ya no había los 300 dólares que normalmente llegaban y sostenían a las familias, y en la zona de la Montaña hemos documentado recientemente al menos tres feminicidios. La situación de la muerte se ha vuelto más cotidiana que de costumbre”, lamentó.
En este contexto, “se cerraron las puertas de los ayuntamientos, de las instituciones de justicia. Muchos se lo tomaron como si fuera un periodo vacacional: en vez de idear medidas para atender a la gente, se invisibilizaron sus necesidades. La ausencia de autoridad le permitió a la delincuencia empoderarse”.
Pese a lo anterior, ambos defensores de derechos humanos señalaron que las carencias institucionales han sido cubiertas por las víctimas y las comunidades, así como por las organizaciones civiles que han adaptado sus formas de trabajo a la pandemia para continuar laborando.
