Ciudad de México. Diversas organizaciones, colectivos y activistas, entre ellos Documenta, análisis y acción para la justicia social y Disability Rights International, demandaron a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que tiene previsto votar hoy un dictamen que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud en su capítulo sobre salud mental, aplace su aprobación ya que la propuesta “es violatoria de derechos humanos”.
En conferencia digital pidieron que se abra un espacio de diálogo y de debate con la sociedad civil, usuarios de los servicios y con las personas de discapacidad sicosocial.
Diana Sheinbaum, de Documenta, análisis y acción para la justicia social, destacó que si bien el dictamen constituye en cierto sentido un avance importante en el tema de salud mental, porque responde a una preocupación compartida por reformar un sistema “que ha estado presente en nuestro país y que reproduce violaciones importantes a derechos humanos”, no atiende de manera adecuada “la calidad y el respeto” de las garantías de las personas usuarias de los servicios.
Además de la falta de un proceso de consulta que legitime la aprobación de esta iniciativa, “nos preocupa que sigue reproduciendo el marco normativo actual”, el cual avala los internamientos y los tratamientos involuntarios, señaló.
Expuso que “aunque se plantea como una propuesta que busca hacer frente al estigma de las personas usuarias de los servicios de salud mental, sigue centrada en una forma de entender y atender la salud mental basada en categorías que discriminan como son los trastornos mentales y de comportamiento, y la estigmatización de las personas que usan sustancias sicoactivas”.
Ilse Gutiérrez, de Sin Colectivo, y quien es una persona con discapacidad sicosocial, manifestó su temor porque se apruebe una iniciativa de reforma “que promueve mi internamiento en instituciones siquiátricas en donde mis propios compañeros y compañeras del colectivo han sido también víctimas de tortura en el interior de estos centros. Me preocupa que ahora esto sea legal y explícito”.
Destacó que este enfoque “estigmatiza aun más nuestra condición y con seguridad conducirá a anular nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre si queremos o no someternos a prácticas clínicas”.
Angélica Ospina, de Regulación por la Paz, indicó que si bien esta propuesta genera una oportunidad para señalar el acceso insuficiente a tratamientos de calidad, públicos, gratuitos y basados en evidencia para las personas con uso problemático de sustancias, y la falta de supervisión que favorece las violaciones consistentes a derechos humanos, también beneficia “una perspectiva manicomial donde el énfasis está puesto en el internamiento y aislamiento" del individuo.
Añadió que la propuesta no “recupera la perspectiva de género en el tratamiento de uso problemático de sustancias y eso también es un tema central, porque no hay una discusión sobre las barreras particulares que enfrentan las mujeres para acceder al sistema de atención".
Lizbeth Brizuela, Disability Rights International, expuso que la propuesta de la coalición es que se tengan las disposiciones para garantizar la igualdad y la no discriminación en la prestación de servicios de salud mental a la población en general, y que éstos “nunca deben implicar coerción”, que se debe prohibir cualquier tratamiento médico no consentido, por ejemplo, contenciones físicas, químicas, mecánicas, el uso de cuartos de aislamientos, el uso no consensuado de terapias electroconvulsivas, intervenciones médicas irreversibles, esterilización, interrupción del embarazo, entre otras.
