La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, aseveró que de aprobarse en los próximos días la iniciativa que busca reformar la fracción I del artículo 159 del Código Penal del estado de Guerrero, relativo a excluyentes de responsabilidad penal específicas por el delito de aborto, impactaría negativamente en el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y las niñas de la entidad.
En una carta que envió al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado de Guerrero, Jesús Villanueva Vega, exhortó a los legisladores a comprometerse con la progresividad de los derechos humanos, a garantizar a mujeres y niñas de la entidad el derecho a una vida libre de violencia, a la salud, a la justicia y a la vida.
Expuso que el dictamen de la Comisión de Justicia busca establecer como plazo para la interrupción legal del embarazo 12 semanas de gestación, previa denuncia ante la autoridad correspondiente. Asimismo, propone que cuando se trate de una mujer menor de edad deberá ser acompañada de sus padres, tutores o representantes legales, ante las autoridades de salud y de investigación.
Ante ello, Gasman destacó que la denuncia ante las autoridades en un periodo dado “dilata y obstaculiza” el acceso de las víctimas de violación a los servicios de salud y corren el riesgo de ser revictimizadas.
“Es importante señalar que la iniciativa contraviene el marco jurídico de la Norma Mexicana NOM-046-SSA2-2005, que indica que sólo las niñas menores de 12 años deben ser acompañadas para la prestación del servicio de la interrupción legal del embarazo”. A su vez, agregó, fincar responsabilidades profesionales al personal médico que asiste a una víctima de violencia sexual, irrumpe la lógica de la ayuda y asistencia necesaria a las víctimas, establecida en dicha normativa y en la Ley General de Víctimas.
La titular del Inmujeres señaló que si el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Congreso local llegara a ser aprobado en los términos actuales, “implicaría un grave retroceso para los derechos de las mujeres y las niñas víctimas de violación, dado que se incrementarán los obstáculos ya existentes en la redacción del artículo 159, toda vez que no favorece la progresividad de derechos humanos”, ni garantiza la protección más amplia de las víctimas de estos delitos.
Finalmente, ofreció asesoramiento técnico en la materia para que la toma de decisiones del Congreso estatal sea siempre poniendo en el centro los derechos de las mujeres y las niñas.
