Los crímenes fueron perpetrados el martes en Norte de Santander y Antioquia, dos de los departamentos más azotados por los grupos armados que el gobierno vincula con el narcotráfico.
En el municipio de Ocaña, Norte de Santander, fue asesinado Solano. Hombres armados lo atacaron en su vivienda, indicó Pedro Durán, secretario de víctimas, paz y posconflicto en el departamento.
Solano, de 61 años, era conocido por sus denuncias contra la corrupción y su defensa de víctimas de desaparición forzada, detalló el funcionario.
La oficina de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas en Colombia condenó el homicidio y exhortó a las autoridades a esclarecer el crimen
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En otro ataque fue asesinado Luis Hincapié, líder del municipio de El Peñol, en Antioquia. Hombres armados asaltaron su finca, denunció Indepaz, el organismo que ha registrado 71 matanzas (asesinatos de tres o más personas en un mismo episodio) en lo que va del año. La lista de activistas asesinados en 2020 puede consultarse en (http://www.indepaz.org.co/lideres/).
La peor ola de violencia
En medio de la pandemia, los líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido víctimas frecuentes de la que es considerada la peor ola de violencia que sacude al país desde la firma de la paz con la ex guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.
Por lo pronto, los ex guerrilleros de las FARC avanzaron ayer en cuatro puntos con el gobierno para seguir adelante con el Acuerdo de Paz.
Llegamos a cuatro compromisos gracias a la peregrinación por la vida y por la paz: encuentro con el presidente Iván Duque, tierras para la reincorporación, garantías de seguridad e implementación integral del acuerdo de paz
, informó el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, surgido tras el desarme de la guerrilla, en su cuenta de Twitter.
El fin de semana unos 2 mil ex combatientes llegaron a Bogotá para pedir al gobierno el cese de los asesinatos y el respeto a los acuerdos de paz.
En lo que va de 2020 han sido asesinados 236 desmovilizados de las FARC, según datos de Indepaz.
Tras la firma de la paz, unos 11 mil integrantes y militantes del grupo rebelde se desmovilizaron y dejaron sus armas; de éstos, unos 3 mil 400 se ubicaron en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) para desarrollar proyectos productivos como parte de su proceso de reinserción a la vida civil.
Sin embargo, algunos antiguos ETCR (cuya vigencia legal fue de sólo 24 meses, pero cuyas instalaciones se mantienen y ahora son parte de los municipios) son objeto de amenazas y hostigamiento por grupos armados vinculados al narco.
