Zacatecas, Zac. La tarde de este jueves el pleno del congreso del estado de Zacatecas votó en contra de la petición que le hizo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, para separar del cargo al Presidente y Sindica municipales de Mazapil, para poder enjuiciarlos por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.

El 7 de octubre, el congreso local recibió la petición que por escrito les remitió Francisco Murillo Ruiseco, titular de la (FGJEZ), esperando se separara del cargo a Gregorio Macías Zúñiga, y Alma Lucia Leos Perales, edil y síndica, respectivamente, “por tratarse de representantes de elección popular en funciones”.

El Fiscal envió además al Congreso de Zacatecas, un anexo legal, que incluye entre otras cosas, copias cotejadas de las carpetas de investigación número 1283/2020 que se integra contra Gregorio Macías Zúñiga, “por el hecho que la ley señala como delito de peculado”, y la carpeta número 1284/2020, “que se instruye que pudieran constituir Delitos en Materia de Contabilidad Gubernamental”, en contra del mismo edil, y su síndica, Alma Lucía Leos Perales.

Para el trámite, se envió la solicitud de la FGJEZ, con la “determinación de solicitud  de la declaración de procedencia, y Separación el Cargo”, elaborados por  Lina Beatriz Barbosa López y Efraín Montalvo Márquez, Fiscales del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de esta FGJEZ.

Gregorio Macías Zúñiga ha sido tres ocasiones presidente municipal de Mazapil (dos por el PRI, una por Nueva Alianza), así como diputado local del tricolor.

Sin embargo, este jueves el pleno del congreso denegó la petición de la FGJEZ, se argumentó en el dictamen legislativo, “por incumplir”, la petición del fiscal Francisco Murillo Ruiseco, “con el artículo 53 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas”.

“La Fiscalía solicitó la separación de sus puestos de los dos funcionarios ya que están siendo investigados por presuntos delitos relacionados con hechos de corrupción”, pero –informó la legislatura zacatecana a través de un comunicado de prensa, ya que por el Covid-19, las sesiones son a puertas cerradas-, “debido al carácter excepcional de una declaración de procedencia de estas características, se tomó la decisión de estudiar con atención y detenimiento el expediente”.

Ello, porque “en los últimos 20 años no existen antecedentes en el Estado de Zacatecas”, de que se haya separado del cargo a algún alcalde o funcionario municipal.

“En el análisis y tras revisar los documentos incluidos en este expediente (que remitió la Fiscalía), se advirtió que faltaban los relativos a la comparecencia del alcalde y la síndico ante el Ministerio Público y ésta es una condición indispensable para poder tramitar la declaratoria de procedencia, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 53 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.

Por ello, en el dictamen que aprobado con 20 votos a favor y una abstención, se acordó que “esta Comisión Legislativa no está en condiciones de atender de manera positiva la solicitud de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en virtud de que, en el caso que nos ocupa, debimos valorar, en su justa medida, tanto el contenido del pedimento en contra de los servidores públicos, como la posibilidad de que los servidores públicos pudieran declarar o guardar silencio”, (sic).