Ciudad de México. Para combatir la desigualdad de género en el campo laboral, no basta con que las empresas contraten a personas LGBTI+, sino que deben acompañarlas en su proceso para eliminar la inequidad de facto.

Así lo afirmó la directora ejecutiva de la asociación civil Intersecta, Estefanía Vela Barba, al ofrecer la videoconferencia “Los derechos humanos en el contexto de la nueva justicia laboral”, organizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La maestra en Derecho explicó que aún existen en las leyes laborales muchas medidas que en la práctica sostienen la discriminación, mencionó por ejemplo la licencia de maternidad o por adopción, que no incluye medidas sobre cómo se aplicaría en caso de parejas del mismo sexo.

En el ámbito normativo interno de las empresas, las personas LGBI+ también enfrentan barreras, explico la ponente, como es cuando desean cambiar su identidad y tiene que adecuar papelería, documentos y el correo institucional de la empresa.

A pregunta expresa, la directora ejecutiva de Intersecta habló del PIN parental, al que definió como un mecanismo de censura que permitiría a los padres ocultar a sus hijos información real sobre su sexualidad.

Llamó la atención sobre el avance que ha tenido esta propuesta en algunos congresos estatales, que aprovecharon la pandemia para incluirla en sus normas locales, afirmó Vela Barba.

El PIN parental, abundó, además de violar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a acceder a información indispensable para su formación y el cuidado de su salud, pone en desventaja y riesgo a los menores que son LGBTI+, permitiendo que solo se les infunda miedo, dudas e inseguridad.