San Cristóbal de Las Casas, Chis. En el caso del niño Ángel Díaz Cruz, de siete años de edad, quien murió hace 20 años en la comunidad de El Aguaje, de San Cristóbal, luego de que le explotara una granada que elementos del ejército federal dejaron abandonada, “no hubo acceso a la justicia” y por ello fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual “señaló al Estado mexicano de ser responsable por la violación a las garantías de las familias afectadas”.

Así lo declaró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), y agregó que “lo fundamental es el derecho a la verdad que tienen las víctimas y el reconocimiento de su dignidad y por eso a la clínica inaugurada la semana pasada en El Aguaje “se le puso el nombre de Ángel Díaz Cruz, con una leyenda de por qué se construyó”.

Rubén Moreno, uno de los miembros del Frayba que llevó el caso, dijo que “el caso lo investigó primero la Procuraduría de Justicia Indígena, que declinó su competencia a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y ésta lo mandó al fuero militar.

"Nosotros dijimos que eso era violatorio a derechos humanos y el caso se presentó ante la CIDH, aunque antes los militares habían dicho que consignaron a uno o dos integrantes del Ejército por omisión al dejar la granada de fusil antipersonal abandonada, que se llevaron los niños”.

Añadió que “independientemente de eso que dijo el gobierno de que ya había castigado a los militares estaban las tropas haciendo trabajo de entrenamiento con disparos y con granadas y un elemento fue el que se hizo responsable; lo hicieron responsable, fueron dos y los militares dijeron que ya los habían castigado”, añadió, al recordar que El Aguaje colinda con los terrenos de la 31 Zona Militar ubicada en Rancho Nuevo.

Señaló que “después de llevar el proceso en la instancia militar, les dieron más de un año de castigo y después fueron liberados, pero nosotros alegamos la violación en el sentido de que cuando está implicado un civil, el caso lo tiene que conocer la jurisdicción civil, por lo que tenía que ser la PGR la que investigara y determinada la sanción”.

Moreno manifestó que “ahora que se firmó el acuerdo de solución amistosa, se convino en no identificar a los culpables, sino responsabilizar al Estado mexicano. Las víctimas pedían el expediente militar para conocer lo que pasó. Los militares nos entregaron el expediente recientemente; los familiares, apelando a su derecho a la verdad, quieren conocer cómo se llevó acabo el juicio porque aunque estuvieron solicitando la intervención en el expediente militar era muy difícil; de hecho esas son las violaciones graves a derechos humanos: La falta de acceso a la justicia”.

Afirmó que los familiares de las víctimas —además de Ángel que murió, la explosión de la granada dejó dos heridos— “ya no exigen castigo porque el Estado reconoció su responsabilidad en el acuerdo de solución amistosa. Se llegó al acuerdo con las víctimas y se analizó que así como está la justicia en México con la impunidad y todo eso nos quedamos satisfechos con la responsabilidad que asumió el Estado mexicano”.

Reiteró: “El Estado supuestamente castigó a quienes dejaron la granada por omisión, pero fueron sentenciados a una pena mínima. Aparte, la falta de acceso al proceso penal militar que se llevó a cabo y que eso es la violación. La jurisdicción militar no aplica cuando hay un civil dentro de un proceso penal.

“La falta de acceso a la justicia fue lo más grave, pero ahora el Estado ha cumplido un compromiso internacional”, remarcó.