Ciudad de México. El 10 por ciento de los homicidios de periodistas a nivel mundial en la última década se han suscitado en México, de acuerdo con datos documentados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Frédéric Vacheron, representante de la oficina en México de la Unesco, detalló un informe realizado por ese organismo multilateral, presentado ayer en el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, revela que la última década ha sido fatal para el gremio, pues entre 2010 y 2020 cerca de 900 reporteros y comunicadores han sido asesinados en todo el mundo, y 93 de esos crímenes se dieron en México.
Al participar en el foro digital El periodismo de Investigación y el Derecho de Acceso a la Información Pública, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Proteccoón de Datos Personales (INAI), Vacheron indicó que del total de esos asesinatos globales, uno de cada diez quedan impunes, además que 150 de ellos se dieron en los últimos dos años.
“Cuando las agresiones a periodistas se mantienen impunes, se envía un mensaje verdaderamente negativo”, señaló el representante internacional.
De los 93 casos documentados por la Unesco en México, dijo, 85 por ciento está en la impunidad, es decir, las autoridades sólo han resuelto 14.
“Lo más preocupante es que muchos periodistas están siendo asesinados no por realizar investigaciones de conflicto (armado), sino por investigar cuestiones de corrupción, trata de personas, delitos políticos, violaciones a derechos humanos, problemas ambientales o por ser caricaturistas. Pese de la violencia y el entorno adverso, los comunicadores que trabajan por la verdad y dan información cierta, clara y resultado de investigaciones comprobables, salvan vidas y consolidan la democracia”.
Vacheron indicó que los homicidios no son las únicas agresiones contra el gremio, pues también enfrentan amenazas, secuestros, arrestos, encarcelamientos, acoso y hasta despidos arbitrarios. Agregó que la crisis derivada del Covid-19 “ha generado nuevos riesgos” para los trabajadores de los medios.
Tan sólo en México, dijo, de enero a mayo la Secretaría de Gobernación registró más de 250 agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
“La labor periodística en México y el mundo enfrenta un entorno de extraordinaria adversidad, a los riesgos de violencia e impunidad se añaden los de precariedad laboral, falta de seguridad social, el cierre de medios locales, grades retos de igualdad de género y un entorno de desinformación creciente”.
Luis Javier Solana, fundador del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, instó a los gobiernos a comprometerse con la libertad de expresión y garantizar que la vida de los periodistas sea considerada como fundamental.
Rocío González, representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, defendió la extinción de los fideicomisos públicos, como el que daba sustento al Mecanismo Federa para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
“Si bien incorporaba a miles de personas, definitivamente no era eficiente para detectar y desactivar riesgos. Se requiere replantear y perfeccionar los instrumentos para medir avances, atender los fallos y recomponer el camino si es necesario. Este gobierno trabaja en la defensa de la libertad de expresión y la labor periodística, por lo que pretende consolidar mecanismos de rendición de cuentas para acercar los beneficios a las personas que lo requieren sin necesidad de intermediarios e impulsar la cooperación con las entidades para inhibir la violencia contra periodistas”.
