Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos llamó a considerar los impactos que traerá el aumento del catálogo de delitos por los cuales se permitirá la prisión preventiva oficiosa, como el aumento de internos, que puede agravar las violaciones a derechos humanos, como las documentadas en la Recomendación 03/2020, por siete muertes por violencia en centros penitenciarios. 

En la presentación del instrumento recomendatorio, dirigido a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, la presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez, señaló que la omisión del personal de los centros penitenciarios para cumplir su deber de cuidado, vulneró el derecho a la vida de estas personas, que estaban bajo la custodia del Estado.

La autoridad omitió además realizar un adecuado control para evitar el ingreso de objetos y sustancias prohibidas en los centros penitenciarios, lo que derivó en riñas, pleitos y ajustes de cuentas entre personas privadas de libertad, y la muerte de estas personas, entre 2016 y 2018, seis por arma punzocortante y una por los golpes recibidos.

La alta densidad de población en reclusión, el poco personal de custodia al tenerse uno por cada 10 internos en promedio, el hacinamiento y una situación de violencia generalizada en los centros incidieron en esos hechos, que habían sido motivo de la Recomendación 18/2015, que documentó 40 casos con 46 víctimas de muerte violenta.

Ante víctimas indirecta y el segundo visitador general, Iván García Gárate, que documentó los hechos, los cuales trastocaron la vida de dos niños, tres niñas, tres adolescentes y otras 11 personas, precisó que al 25 de septiembre, la población penitenciaria era de 26 mil 953 personas, de las cuales, casi 25 mil 500 son hombres.

Dijo que, aun cuando el Sistema Penitenciario reporta un índice negativo de sobrepoblación total, en reclusorios como el Oriente o el Varonil Norte se rebasa en 38 y 19 por ciento, respectivamente; y la violencia al interior de los centros entre particulares es constante y se refleja en que tres de cada 10 internos en promedio han sido víctimas de robo de objetos personales, lesiones, amenazas, extorsión y delitos sexuales.

Por ello, en aras de garantizar la seguridad de las personas, una obligación del cuerpo de seguridad que opera en los 13 centros de reclusión también es evitar la introducción, consumo y tráfico de sustancias nocivas y bebidas alcohólicas, al atentar contra el proceso de reinserción social.

Para la CDHCM, enfatizó, es preciso asegurar que los diseños institucionales penitenciarios realmente contribuyan a resolver el problema originario al que buscan dar respuesta, y no a agravarlo. Un delito llevó a las personas a cumplir una sanción, y no puede pasar por alto que otro delito les lleve a perder la vida.

La Recomendación 03/2020 pide a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario impulsar la inscripción de las víctimas indirectas al Registro de Víctimas de la Ciudad de México para la aprobación de planes individuales de reparación integral por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.

También ejecutar todas las medidas contenidas en los planes de reparación aprobados, bajo los principios de máxima protección, debida diligencia y no victimización secundaria; y realizar un acto público en el que se emita un pronunciamiento para continuar adoptando medidas encaminadas a abatir muertes de personas bajo la custodia de la autoridad penitenciaria, derivada de riñas, pleitos o ajustes de cuentas, entre otros.

El segundo visitador general de la CDHCM explicó que los expedientes de queja que integran la Recomendación iniciaron –a excepción de uno- a petición de parte. Respecto del caso que se inició de oficio, durante el transcurso de la investigación se pudo contactar a la víctima indirecta y recabar su consentimiento para concluirla.

Se solicitó información a los diferentes centros penitenciarios, a las unidades médicas de los mismos, así como a hospitales de la Ciudad de México; y la colaboración de distintas autoridades como el Instituto de Ciencias Forenses y la Procuraduría General de Justicia, y entrevistas a víctimas indirectas, detalló.